Tomo VII:

La Argentina frente a la América del Sur, 1881-1930

Capítulo 39: Las Islas Malvinas (1833-1945)

Introducción

En este capítulo se tratará el tema de las relaciones anglo-argentinas en torno a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y sus dependencias en el período que comprende los años 1833 y 1945, es decir, desde la usurpación hasta la Segunda Guerra Mundial. Para evitar complicar excesivamente la narración, la siempre entretejida temática de la reivindicación argentina a los archipiélagos Orcadas del Sur, Sandwich del Sur y Georgias del Sur será tratada en un apéndice a este capítulo.
    A diferencia de nuestro denso primer capítulo sobre Malvinas, que refleja la complejidad de los acontecimientos desde el descubrimiento hasta la usurpación, este capítulo reflejará el carácter poco constante de la diplomacia argentina respecto de la cuestión hasta muy avanzado el siglo XX. Por cierto, los reclamos argentinos fueron tan escasos que durante el período que aquí trataremos hay muy poca historia para contar respecto de Malvinas como dimensión de la política exterior argentina.

Primera y segunda protestas argentinas

Como vimos en el capítulo que culmina con las usurpaciones, el 17 de junio de 1833 Manuel Moreno, representante argentino ante el gobierno inglés, presentó una protesta en la forma de un largo documento escrito tanto en inglés como en francés (1). La "Protesta", como se la conoce, desarrolló principalmente los fundamentos expuestos en el decreto de nombramiento de Luis Vernet como gobernador de las islas del 10 de junio de 1829. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, como comunidad política independiente reconocida por Gran Bretaña y otros Estados, sucedió a España en los derechos territoriales de ésta en esa jurisdicción. Después de 1774 las Malvinas habían quedado indiscutiblemente como patrimonio de la Corona española. Por lo tanto, dado que la soberanía española sobre las islas había cesado por la independencia de sus territorios en América, Gran Bretaña no tenía derecho a reclamo alguno, "por derechos ya extinguidos" (2).
    La respuesta británica a esta protesta llegó seis meses más tarde. El 8 de enero de 1834 el ministro Palmerston le respondió a Moreno, afirmando que los derechos de Su Majestad Británica nunca se habían extinguido porque la Corona española había restablecido el asentamiento inglés en 1771, y que al abandonar Port Egmont por causas de austeridad, la Corona británica había dejado señales de pertenencia (3).
    Cuenta Ferns que, debido a la tensión que podía desarrollarse entre ambos gobiernos, en un primer momento corrió el rumor en Buenos Aires de que el gobierno porteño pensaba retirar a su representante en Londres. Esto inquietó a los comerciantes británicos en la región del Plata. Pero la situación se calmó y no pasó del rumor (4).
    La segunda protesta argentina no tardó en llegar. Como la respuesta del gobierno británico de principios de 1834 no había sido satisfactoria, el gobierno argentino volvió a protestar el 29 de diciembre de ese año a través de su ministro Moreno. En esta ocasión no hubo respuesta por parte de los británicos (5).
    Algunos años más tarde se produjo un hecho que, según un observador, demuestra que para el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, las Islas Malvinas podían convertirse en elementos de negociación (6). En diciembre de 1838 Manuel Moreno había regresado a Londres como enviado argentino. Entre sus instrucciones figuraba:

la orden de explorar la posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre las Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda remanente del préstamo de 1824 [préstamo Baring Brothers] (7).

A partir de 1841, Moreno actuó con mayor empeño pero fracasó por razones obvias: ¿por qué el gobierno inglés compraría algo que ya poseía? Además, la deuda no cobrada era privada y no del gobierno británico (8). Para colmo, estaba claro que a Rosas "le importaba más cultivar la amistad de Gran Bretaña que desafiarla" (9).
    Mientras estos eventos se desarrollaban en relación con Gran Bretaña, el gobierno de Buenos Aires continuaba en sus intentos por resolver sus diferencias con los Estados Unidos por el incidente de la corbeta Lexington. A pesar de que las relaciones diplomáticas formales con ese país estaban suspendidas, en 1839 Carlos M. de Alvear, ministro plenipotenciario en Washington, mantuvo, "en misión amistosa", una entrevista con el secretario de Estado, John Forsyth. Entre ambos se trató el tema de las acciones del capitán Silas Duncan. Según el informe de Alvear al gobierno sobre la conversación, se le dijo que el gobierno de Washington había aprobado la acción de Duncan, "sin que ello hubiera tenido la menor intención ni el deseo de hacer el más mínimo ultraje al gobierno ni a la Nación Argentina". Al mismo tiempo, Alvear fue informado que a los Estados Unidos no les "toca juzgar sobre el derecho de las Malvinas: es decir, si pertenecen a la Inglaterra o a ustedes [la Argentina](...)" (10).

  1. El texto completo se halla en Raphael Perl, ed., The Falkland Islands Dispute in International Law and Politics: A Documentary Sourcebook, London, Oceana Publications, 1983, pp. 299-322.
  2. Ibid., pp. 318-319.
  3. Ibid., pp. 323-333.
  4. En una carta de Robert Gore, encargado de negocios británico en Buenos Aires, a Palmerston, fechada el 29 de agosto de 1833, el primero relataba una entrevista con el ministro de relaciones exteriores. Informaba Gore que "en respuesta, su Excelencia me aseguró que la voz a la que yo hacía referencia [el diario El Monitor] había sido totalmente desautorizada; (...) que si ésas pudieron haber sido alguna vez las intenciones del Gabinete de Buenos Aires, ellas ya no existían". H.S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1979, p. 236.
  5. José Arce, The Malvinas (Our Snatched Little Isles), Madrid, Núñez de Balboa, 1951, p. 101.
  6. H.S. Ferns, op. cit., p. 237.
  7. John Lynch, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p. 253.
  8. Ibid.
  9. Ibid. En ese momento el problema para la Confederación Argentina era Francia.
  10. Ezequiel Federico Pereyra, Las Islas Malvinas. Soberanía Argentina, Buenos Aires, 1968, p. 19.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

El 18 de diciembre de 1841 el representante argentino en Londres envió una tercera nota de protesta. El 29 de diciembre se recibió la respuesta del gobierno británico. El ministro lord Aberdeen contestaba escuetamente que la nota argentina había sido enviada al departamento pertinente para ser examinada (1).
    No obstante, el gobierno de Buenos Aires no cedió en su intento. El representante argentino en Londres protestó nuevamente el 19 de febrero de 1842. El 5 de marzo del mismo año se recibió una respuesta británica más extensa. En ella, lord Aberdeen afirmaba que "el Gobierno Británico consideraba el acuerdo alcanzado con España en 1771 como final", agregando que por lo tanto no podía:

reconocer a las Provincias Unidas el derecho de alterar un acuerdo concluido, cuarenta años antes de la emancipación de éstas, entre la Gran Bretaña y España. En lo concerniente a su derecho de soberanía sobre las islas Malvinas o Falkland, la Gran Bretaña considera ese arreglo como definitivo; en ejercicio de ese derecho, acaba de ser inaugurado en esas islas un sistema permanente de colonización (2).

La réplica del ministro Moreno, fechada el 10 de marzo, fue inmediata:

El que suscribe, cumpliendo con las obligaciones impuestas a él, según instrucciones, se ve en la obligación de declarar, para evitar que el silencio de las Provincias Unidas no sea interpretado como un consentimiento tácito, que las Provincias Unidas no pueden aceptar y nunca aceptarán, la resolución del Gobierno de su Majestad Británica del 5 del corriente, dado que considera injusta y contraria a sus derechos evidentes (...) (3).

Sin embargo, en un informe enviado a Buenos Aires algún tiempo más tarde Moreno manifestó desaliento, expresando que: "mientras este gobierno niegue la soberanía de las islas a la República, como lo ha hecho hasta ahora, no hay medio de inducirlo a indemnizaciones por la cesión de aquel dominio" (4).
    Por otra parte, y vista la situación desde el punto de vista británico, las Islas Malvinas fueron incorporadas a los dominios de la Corona a través de Cartas Patentes firmadas por la Reina Victoria el 23 de junio de 1843, es decir una década después de su usurpación. Ello llevaría a dotar de un gobierno a las Islas Falkland y Dependencias (5). También en este mismo año se trasladó la capital de las islas de Puerto Egmont a Puerto Stanley (anteriormente rebautizado Puerto William). Sin embargo, el primer gobernador de las islas, George Rennie, fue designado recién en 1847. Desde 1847 hasta 1945 hubo diecisiete gobernadores británicos (6).
    Sin embargo, en esos años ocurrió algo digno de destacarse: un miembro de la Cámara de los Comunes emitió uno de los primeros juicios públicos ingleses contrarios a la posesión británica del archipiélago. El 25 de julio de 1848, durante un debate en la Cámara en el que proponía recortes presupuestarios, el parlamentario Sir William Molesworth sostuvo que, dado el nivel de gastos que insumía la estación militar de las Malvinas, lo mejor que podía hacerse era "reconocer el reclamo de Buenos Aires sobre las islas Falkland". Esta opinión se fundamentaba en las características del lugar, "desolado, árido y, ventoso, donde no pueden crecer ni granos ni árboles" (7). Obviamente, el punto de vista de Molesworth no tuvo mayor trascendencia (8). Por otra parte, las relaciones entre ambos países no pasaban por el mejor momento (9). El ministro argentino en Londres, Manuel Moreno, no gozaba de popularidad en la prensa local. De nuevo se reiteraron en los periódicos de la capital británica opiniones adversas a las Provincias Unidas. Los planteos de Buenos Aires sobre las Malvinas fueron calificados de pretenciosos, especialmente proviniendo de un Estado "de segunda". Al respecto el periódico The Times comentó: "no sabemos qué admirar más, si la insolencia del sudamericano o la resignación del ministro de la Reina que no lo lanzó a puntapiés escaleras abajo" (10).
    Poco tiempo antes, Benjamin Disraeli, en un discurso parlamentario, había fustigado a la Confederación Argentina, calificándola como "una colonia de España, rebelde y de segunda clase (...)" (11).

  1. J. Arce, op. cit., p. 101; Enrique Ferrer Vieyra, Segunda cronología legal anotada sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Edición ampliada, Córdoba, 1993, p. 174.
  2. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 175.
  3. J. Arce, op. cit., pp. 101-102.
  4. Moreno a Arana, 5 de abril de 1843, en J. Lynch, op. cit., p. 253.
  5. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 176.
  6. Ibid., p. 176; la lista hasta 1964 en José Luis Muñoz Azpiri, Historia Completa de las Malvinas, 3 vols., Buenos Aires, Oriente, 1966, vol. I, p. 356.
  7. House of the Commons, Parliamentary Debates, vol. 100, pp. 815-829; E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 98; J. Arce, op. cit., p. 103. Obsérvese que el orador, al igual que Samuel Johnson en 1771 y posteriormente otros, se refiere a problemas de presupuesto y no de derechos.
  8. Poco tiempo después, en 1853, durante otro debate en el Parlamento, varios parlamentarios defendieron el valor de las islas como estación marítima tanto para la guerra como para el comercio. House of the Commons, Parliamentary Debates, 20 de mayo de 1853, pp. 450-451.
  9. El puerto de Buenos Aires se hallaba sometido al bloqueo anglo-francés y existía presión para el cobro de deudas atrasadas.
  10. The Times, 14 de abril de 1849, citado por J. Lynch, op. cit., p. 273.
  11. Cámara de los Comunes, 1º de febrero de 1849, citado en ibid.

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Cuarta protesta (1849)

La disputa se renovó a partir de unas declaraciones de lord Palmerston durante un debate en la Cámara de los Comunes, el 27 de julio de 1849. Según una cita de The Times, el ministro declaró que "habiendo estado desocupadas por algún tiempo, Gran Bretaña tomó posesión de ellas y desde entonces mantiene allí un establecimiento". También aconsejaba "no reabrir un intercambio de correspondencia que había sido interrumpido por el consentimiento de una de las partes [acquiescence] y el acuerdo [maintenance] de la otra" (1).
    No obstante, existe otra versión de los dichos del ministro. Según Arce, en otro periódico [el Daily News] la respuesta de lord Palmerston a la interpelación habría sido que: "no sería productivo reiniciar un intercambio de correspondencia que había sido concluido por consentimiento común de ambas partes" (2).
    A partir de los dichos en los periódicos, Manuel Moreno envió una cuarta nota de protesta a lord Palmerston, el 31 de Julio de 1849. Luego de citar los párrafos de los diarios, Moreno le reiteraba que el gobierno de la Confederación Argentina nunca había aceptado el haber sido despojada de las Malvinas por Gran Bretaña en 1833. También agregaba que esa legación no deseaba permanecer en silencio para evitar que ese silencio fuera interpretado como una confirmación de los dichos atribuidos a lord Palmerston por los diarios (3). El 8 de agosto lord Palmerston respondió que había recibido la nota del 31 de julio. Según el ministro, su declaración en el debate no presentaba una imagen precisa del estado de la disputa entre ambos países, y, a pesar de cualquier afirmación que los diarios pudieran atribuirle, él siempre había entendido que el asunto estaba aún "pendiente de acuerdo" (4). Esto muestra que, a pesar del intercambio de protestas y notas, y de la aparente tirantez entre ambos gobiernos, el de Buenos Aires mantuvo su determinación de no convertir el caso de las Islas Malvinas en un conflicto fundamental. Para el gobernador Rosas "una referencia a las islas Malvinas llegó a ser una parte de [su] mensaje anual (...) lo mismo que la imploración de la guía de Dios" (5). Para el historiador inglés, este fenómeno que se torna rutinario en las relaciones anglo-argentinas hasta mediados del siglo XX tiene su explicación en el hecho de que:

Toda la energía de su régimen y de los regímenes que lo sucedieron se orientaba hacia las fronteras terrestres. Las vacas y las ovejas, y no las ballenas y las focas, constituían la preocupación de los principales sostenedores de Rosas y el objeto principal de sus afectos e inversiones de capital (...) el dominio de los intereses rurales era la mejor garantía de que dicha cuestión sería dejada, por así decirlo, en depósito, como un haber congelado en el juego de la diplomacia, pero nada más (6).

  1. Times, sábado 28 de julio de 1849, p. 2, col. 6, citado en E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 99.
  2. J.The Arce, op. cit., p. 102. Este no cita fuente. Es notable que la palabra del ministro no figura en los registros del Parlamento. Ferrer Vieyra sospecha que la afirmación de lord Palmerston fue suprimida de los Hansard Parliamentary Debates (tercera serie, v. CVII, col. 1030 a 1070) por sus consecuencias legales, "ya que implica que en 1833 las Islas Malvinas, eran, a criterio inglés, res nullius" y no posesión que Gran Bretaña recuperaba como argumentaba en ese momento. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 178.
  3. J. Arce, op. cit., p. 102. La nota decía textualmente que "si de algún tiempo a esta parte la correspondencia no ha sido tan activa, esto es debido a estar la discusión casi agotada, y al estado de las relaciones desde la intervención; pero S.E. el Vizconde Palmerston, en su alto saber, no ha podido sin duda equivocar la suspensión de la correspondencia por un consentimiento o aquiescencia tácita o expresa, que de ningún modo se ha dado por el Gobierno Argentino, a los actos a este respecto del Gobierno de S.M. (...)" E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 178.
  4. J. Arce, op. cit., p. 103.
  5. H.S. Ferns, op. cit., p. 236. Este historiador ingeniosamente compara la disputa entre ambos estados con los defectos de un marido o de una esposa con muchos años de convivencia: un cónyuge se queja sin que el otro repare en ello.
  6. H.S. Ferns, op. cit., p. 237.

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Una impasse en las protestas argentinas

Hasta 1852 el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, estuvo al menos en teoría a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, dedicándose a la emisión de unas protestas periódicas y rituales. Después de Caseros, las tareas urgentes de los gobiernos de la Argentina estuvieron centradas en la construcción del Estado. Habría que esperar unas tres décadas para que el tema reapareciera en la agenda interestatal de ambos países. Mientras tanto, la Argentina estrechaba su relación comercial con Gran Bretaña. No obstante, en el ínterin se produjeron algunos pocos eventos de interés relacionados con la disputa.
    En los años de 1853 y 1854, los Estados Unidos y Gran Bretaña sostuvieron un desacuerdo diplomático por los derechos de pesca y de caza en el archipiélago de Malvinas, que demuestra la ambigüedad y falta de legitimidad de los títulos británicos a las islas. En 1853, el gobernador de las Islas Malvinas se quejó a su gobierno del nivel de depredación que alcanzaban los balleneros y cazadores de focas, especialmente norteamericanos, en las aguas y costas del archipiélago. Como consecuencia se le envió apoyo naval para controlarlos, y al mismo tiempo el gobierno inglés previno al norteamericano que no se permitirían abusos por parte de particulares en las Falkland. En mayo de 1854, unos desertores de dos buques balleneros norteamericanos denunciaron ante el juez de paz en las islas que sus otrora camaradas habían matado a varios cerdos que pertenecían a la Compañía de las Islas Falkland, y a focas de los criaderos del gobierno. Inmediatamente, el buque de guerra británico HMS Express capturó a los dos balleneros.
    En ese momento se hallaba en Puerto Stanley la corbeta norteamericana USS Germantown, al mando del comandante William F. Lynch. Tanto Lynch como el representante comercial de los Estados Unidos en las islas, W. H. Smyley, intercedieron para liberar a los buques apresados y a sus capitanes. Ante la negativa de las autoridades británicas, el comandante norteamericano se preparó para luchar. Finalmente, las autoridades británicas negociaron con él y con Smyley. Según algunos relatos, Lynch "puso en duda el derecho de los británicos a fiscalizar las aguas de Malvinas, alegando los reclamos argentinos sobre las islas" (1). No obstante, los capitanes balleneros fueron juzgados y multados por la caza de "los cerdos salvajes de Su Majestad". El asunto se elevó al nivel de ambos gobiernos, y los Estados Unidos protestaron enérgicamente a favor de su derecho "adquirido" a pescar en aquellas aguas. En el reclamo, el secretario de Estado, William L. Marcy, llegó al punto de afirmar:

nada dijimos respecto de la soberanía sobre ellas [las Malvinas]. Aunque no reclamamos derechos para los Estados Unidos, no concedimos derecho alguno a Gran Bretaña ni a ninguna otra potencia (...) (2).

Ante estas afirmaciones, el gobierno de Su Majestad exigió al de los Estados Unidos que desautorizara el lenguaje y la conducta del comandante Lynch. Respecto de las afirmaciones de Marcy, cuestionando el derecho de Gran Bretaña a la soberanía de las Islas Falkland, la comunicación sostenía que:

El Gobierno de Su Majestad no podía discutir ese derecho con ninguna otra Potencia, sino que continuaría ejerciendo en y alrededor de esas islas los derechos inherentes según el derecho internacional de la supremacía territorial; y se mantendría autorizado, si lo creía conveniente, para prevenir que extranjeros de cualquier nación, pescaran ballenas o focas dentro de las tres millas marinas de la costa, o desembarcaran en alguna parte de las costas de las Islas Falkland con el objeto de pescar o matar focas (3).

La cuestión no pasó a mayores y se resolvió diplomáticamente. No obstante, lo que este hecho tiende a demostrar es que luego de dos décadas de ocupación británica continua del archipiélago, los norteamericanos todavía pudieron poner en duda los presuntos derechos británicos de soberanía. En este caso, como lo demuestra la declaración británica, el presunto derecho estaba sostenido por la fuerza.
    Por otra parte, es interesante recordar que a estas alturas del desenvolvimiento histórico argentino, España no había reconocido aún la independencia del, hasta ese momento, anárquico país sudamericano. Gran Bretaña, que había reconocido la independencia argentina en 1825, auspició el reconocimiento español. Aunque hubo negociaciones durante la década de 1840, éstas resultaron infructuosas y recién se llegó a un acuerdo por medio de un tratado firmado en 1859 y ratificado por España en 1860. El apoyo británico a ese reconocimiento de la independencia argentina, posterior a la usurpación de las Malvinas, genera la inquietud respecto de cómo podía ser que los ingleses auspiciaran el reconocimiento español del Estado que pretendía ser el sucesor de los derechos españoles en unas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, a no ser que el reclamo argentino fuese percibido como un pintoresquismo indigno de tomarse en cuenta en la formulación de políticas de mayor relevancia, tanto por los británicos como por los españoles. A su vez, la aquiescencia argentina a los buenos oficios británicos frente a España también pareciera señalar el carácter poco relevante que el mismo gobierno argentino adjudicaba a esa reivindicación territorial.
    Un poco más adelante, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, el tema de las Malvinas surgió tangencialmente en las relaciones anglo-argentinas, vinculado al aluvión inmigratorio que la Argentina había comenzado a recibir a partir de la Organización Nacional. La correspondencia diplomática británica informa de los intentos por parte de colonos galeses de establecerse en la Patagonia y de la desconfianza que ello producía en el gobierno argentino, dada la potencial repercusión que podría tener por su proximidad a las Malvinas. En una carta con fecha 25 de mayo de 1865 de Edward Thornton, representante británico en Buenos Aires, a lord Russell, se informaba lo siguiente:

Una comisión de caballeros de Gales del Norte llegaron a este país en 1863 y propusieron al Gobierno argentino un plan para establecer una importante colonia de habitantes provenientes de esa región, en la Patagonia. Después de algunas conversaciones, se estipuló que para que hubiese una cesión de tierras, bienes y dar la debida protección, la comisión debería comprometerse a introducir anualmente y por diez años, de 300 a 500 familias. El acuerdo requería la aprobación del Congreso, quien lo rechazó. El principal argumento en contra fue el de la religión de los futuros colonos; y que cada vez que los anglo-sajones se habían establecido habían también pretendido adquirir propiedades en todo el país. Se agregó que en este caso particular, los colonos tendrían el apoyo (...) de nuestro establecimiento en las Islas Malvinas. Se proponía que la colonia se estableciese en la costa de la Patagonia a pocas leguas al sur de Bahía Nueva, entre los 43º y 44º de latitud Sur.

Más adelante la carta agregaba:

Mientras conversábamos sobre el tema hace pocos días, Su Excelencia [el ministro del interior, Dr. Guillermo Rawson] me expresó que la principal objeción del Congreso al establecimiento de una colonia inglesa en la Patagonia era su proximidad a nuestro establecimiento en las Islas Falkland; después de otras observaciones, en las cuales hubo una insinuación de que, aun cuando Gran Bretaña mantuviese la posesión de dichas islas, no tenía de jure títulos a las mismas. Su Excelencia me preguntó si el gobierno de Su Majestad no estaría dispuesto a tomar en consideración que las Islas fueran cedidas a la República Argentina, agregando que si pudiera poner esta posibilidad ante el Congreso, estaba convencido que los obstáculos al primer acuerdo de colonización podrían superarse...Agregué por mi parte que no había la menor posibilidad de que renunciáramos a nuestro derecho; aseguré a Su Excelencia que se equivocaría al alentar se pensase que Su Majestad escucharía cualquier propuesta para ceder las Islas Falkland, las que en razón del creciente número de barcos mercantes y de la marina real que se dirigían al Cabo de Hornos y al Estrecho de Magallanes adquirían cada vez más importancia en una ruta en la que no teníamos otra posesión (4).

En 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca, es decir 35 años después de la última protesta, la Argentina reanudó el ciclo de reclamos a Gran Bretaña. Este nuevo ciclo duró cuatro años. Esta vez junto con la protesta se introdujo la propuesta de resolver el tema de la soberanía recurriendo a un arbitraje. El 30 de mayo, el ministro de relaciones exteriores, Francisco J. Ortiz, informó al representante inglés en Buenos Aires que su gobierno estaba "delimitando" sus territorios, por lo que intentaría actualizar el reclamo a las Islas Malvinas. Creía que la cuestión podía ser fácilmente resuelta por un arbitraje. Agregaba también que habiendo Gran Bretaña mostrado tan buen ejemplo al mundo al aceptar el principio de arbitraje, el gobierno argentino de antemano podía apelar al gobierno de Su Majestad "para que diera a esta proposición su más justa consideración" (5). El 28 de julio, el Foreign Office envió una nota al gobierno argentino reiterando la terminante posición británica de no permitir ninguna discusión sobre sus derechos a las islas (6).
    Sin embargo, hacia fin de ese año un hecho provocó la reacción británica. El 15 de diciembre, los periódicos de Buenos Aires habían publicado la noticia de que el Instituto Geográfico Argentino publicaría un mapa de la República Argentina que incluiría a las Malvinas. Cuatro días más tarde, el ministro de relaciones exteriores contestó la nota que el ministro inglés en Buenos Aires, Edmund Monson, había enviado aquel mismo 15. En ésta, el embajador preguntaba si el mapa de la República que preparaba el Instituto Geográfico incluyendo a las Malvinas como territorio argentino era considerado oficial. La respuesta del día 19 sostenía que cualquiera fuera la naturaleza del mapa, no alteraba el estado de la cuestión que debía ser considerada igual como había quedado en 1843 (7).
    El 24 de diciembre, ante un nuevo requerimiento del enviado inglés, Ortiz le respondió que "un mapa ni quita ni otorga derechos". Además declaró que:

el gobierno argentino estaba particularmente interesado en mantener sus relaciones con Gran Bretaña en pie de amistad, y que el enfriamiento de estas relaciones amistosas no podría jamás ser el resultado de una amistosa y justa discusión desde la perspectiva de la ley internacional tal como la presentada en la controversia por la soberanía de las Malvinas (8).

Sin embargo, y por toda respuesta, el 31 de diciembre el enviado Monson presentó una protesta formal en nombre de su gobierno por la inclusión de las Malvinas en un mapa de la República (9).

  1. Crónica Documental de las Malvinas, Buenos Aires, AA.VV. Biblioteca Redacción, 1982, I, p. 292.
  2. Carlos Escudé, La relatividad de los derechos argentinos a las Islas Malvinas, en Carlos Escudé, La Argentina vs. las grandes potencias. El precio del desafío, Buenos Aires, editorial de Belgrano, 1986, p. 249.
  3. Memorándum Orchard del Foreign Office, 3-!2-1928, F.O. 371/12736/136168, en E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 491.
  4. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 376-377.
  5. Ibid., p. 179.
  6. Ibid.
  7. Ibid. Como gesto de revancha, el ministro Francisco Ortiz utilizó como respuesta al gobierno británico la misma frase que lord Palmerston empleó en su momento para el representante argentino en Londres en 1849: "cualquiera sea el significado que se pudiera asignar a su declaración no importa, ésta no altera en absoluto el estado de la cuestión pendiente, el cual debe ser considerado por nosotros [argentinos] exactamente donde estaba en 1843". J. Arce, op. cit., pp. 103-104.
  8. J. Arce, op. cit., p. 104, énfasis original.
  9. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 180; también en J. Arce, op. cit., p. 105.

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Ya en el nuevo año de 1885 el gobierno argentino insistió sobre el arbitraje y protestó. El 2 de enero, el canciller Francisco Ortiz acusó recibo de la protesta inglesa del 31 de diciembre y adjuntó una contraprotesta en forma de nota y memorándum en la que enumeraba los derechos argentinos a las islas. Enfatizó que no se podía considerar la cuestión como cerrada, y aceptaba recurrir al arbitraje (1). Aquel mes de enero mostró una inusitada actividad diplomática. Los días 8, 13 y 20 se cruzaron notas entre ambos gobiernos. En ellas, el británico insistió en que la "cuestión está cerrada". Por su parte, el gobierno argentino rectificó ciertas expresiones de la nota del gobierno británico y reiteró, una vez más, la voluntad de la República de someter la cuestión a arbitraje (2). Para Arce la situación podría describirse como una en la que el canciller no desistió en ningún momento de defender la posición argentina, y el representante británico, luego de iniciar una demanda sin fundamento, se vio obligado a defender a su país cerrando su posición y negándose "obstinadamente" a discutir los hechos y explicar la acción de 1833 (3).
    Durante 1886 se renovó el intercambio de notas y palabras. El gobierno argentino solicitó que se le diera una respuesta al memorándum de enero del año anterior y los británicos respondieron verbalmente en agosto que para ellos la cuestión estaba cerrada (4).
    El 3 de noviembre de 1887, siendo presidente Miguel Juárez Celman, el representante argentino en Londres, Luis Domínguez, solicitó al marqués de Salisbury que acusara recibo de la contraprotesta del 2 de enero de 1885 (5). La respuesta llegó finalmente el 9 de noviembre cuando el representante inglés F. Pakenham comunicó al canciller Norberto Quirno Costa que su gobierno consideraba concluida la discusión
sobre las Malvinas.

  1. Para el texto completo de la contraprotesta argentina ver J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, pp. 213-229; también J. Arce, op. cit., pp. 105-108.
  2. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 180; para los textos de las notas ver J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, pp. 230-240.
  3. J. Arce, op. cit., p. 107.
  4. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 180.
  5. Ver el texto en J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, p. 351.

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Sexta protesta (1888)

La que algunos consideran la sexta protesta argentina se produjo el 20 de enero de 1888, cuando el ministro de relaciones exteriores Norberto Quirno Costa presentó una nueva nota de protesta al representante del Reino Unido, F. Pakenham, por la ocupación ilegítima de las islas. La nota enumeraba los derechos argentinos de la siguiente manera:

1. Que en el tratado de 1771 España consintió reponer Port Egmont en su anterior estado, reservando sus derechos de soberanía a las islas y continuando su ocupación.

2. Que en 1774 los ingleses abandonaron la colonia de Port Egmont. España, que había comprado sus derechos a Francia (1), continuó como única ocupante de las islas hasta 1810, sin que el gobierno británico realizase protesta alguna.

3. Que el artículo 4 del tratado de 1790 prohibía la navegación y pesca de los súbditos británicos en los Mares del Sur, a una distancia menor de 10 leguas de donde estuvieran establecidos los españoles;

4. Que al retirarse los españoles, las autoridades de Buenos Aires reasumieron la soberanía ejerciendo numerosos actos de jurisdicción, citando en especial el decreto del 10 de junio de 1829;

5. Que en 1833 la colonia fue "asaltada" por el capitán Onslow que se apoderó violentamente del territorio;

6. Que el gobierno argentino por medio del ministro Moreno había presentado inmediatamente una protesta por ese acto incalificable contra los legítimos derechos de la República (2).

El documento también agregaba que:

hoy, como antes, el gobierno argentino mantiene su protesta respecto a la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, que no abandona ni abandonará jamás sus derechos a esos territorios y que en todo tiempo, hasta que le sea hecho justicia, los considerará parte integrante, en la prioridad del descubrimiento, de la ocupación, de la posesión iniciada y ejercida en el reconocimiento tácito y explícito y en la adquisición por tratado de estos últimos que pertenecían a la España.

El 25 de enero, el ministro inglés acusó recibo de la protesta argentina. Pero el 13 de abril, la Cancillería argentina recibió una nota firmada por el encargado de negocios George Jenner (3), en la que expresaba haber recibido instrucciones de Gran Bretaña donde ésta:

se niega a entrar a discutir el derecho de Su Majestad a las Islas Falkland, derecho que en el sentir de dicho gobierno no ofrece duda ni dificultad de especie alguna (4).

Los días 13 y 21 de abril se intercambiaron notas entre el enviado argentino en Londres y el gobierno británico, esperando reabrir uno y negando el otro las discusiones sobre el tema (5). El 12 de junio el gobierno argentino insistió en el ofrecimiento de ir a arbitraje y mantuvo la reivindicación de sus derechos sobre las islas de los que había sido despojada por la fuerza en tiempos de paz (6). El 14 de junio Jenner simplemente acusó recibo de la nota (7).

  1. El párrafo completo dice textualmente:
    1. que en 1774, cuando los ingleses levantaron la colonia de Port Egmont sin dejar un solo habitante de su nacionalidad en aquella isla, los españoles, que habían comprado la colonia francesa de la isla de la Soledad, que es la más grande de aquel archipiélago, continuaron con el dominio eminente de todo el grupo de islas hasta 1810, sin que por parte del gobierno británico se hicieran protestas ni reclamos por mayor derecho. (énfasis agregado)
  2. Texto J. L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, pp. 354-359. Sobre la nota, Ferrer Vieyra opina que está bien fundada en derecho; pero, con respecto al punto 2, no coincide con la expresión de que España "compró" las islas a los franceses. Por otra parte, los artículos 5 y 6 del tratado de 1790 son para él, más procedentes que el 4. Finalmente, que es de lamentar la falta de referencia al acto de posesión del Capitán Jewett del año 1820. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 181.
  3. El ministro Pakenham se hallaba enfermo y se reincorporó una vez que el incidente había concluido. J. Arce, op. cit., p. 110.
  4. Texto en J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, p. 360; E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 181.
  5. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 182.
  6. J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, pp. 360-361.
  7. Por otra parte, durante ese año reapareció la preocupación británica por el tema de la inclusión de las Islas Malvinas en mapas o textos oficiales argentinos. En marzo de 1888, un despacho del Foreign Office daba cuenta de la colocación de un mapa confeccionado por la Oficina de Información Argentina en el que las Islas Malvinas aparecían como parte de su territorio. (PRO FO 118/208, carta del FO a su representante en Buenos Aires, 10 de marzo de 1888.) No obstante, las autoridades británicas tomaban buena nota del incidente pero decidían no intervenir. En octubre del mismo año, el representante británico comunicaba a su gobierno la inclusión de Malvinas como parte del territorio argentino en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, (PRO FO 118/209, despacho del representante británico al FO, 13 de octubre de 1888.), lo cual tampoco mereció respuesta.
    Luego de una impasse, en 1907 se publicaba otro mapa en el que las Malvinas formaban parte del territorio nacional argentino que provocó reacciones en Gran Bretaña. (PRO FO 371/397, Argentine Republic, Annual Report, 1907.) En 1913, el Instituto Geográfico Militar argentino publicaba un mapa en el que las Malvinas eran tratadas como territorio argentino, ante lo cual el gobierno británico decidía, una vez más, no actuar. (PRO FO 371/1897, Argentine Republic, Annual Report, 1913.)

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Ambiciones expansionistas de Gran Bretaña

En los siguientes veinte años no se registraron hechos notables en la historia de las relaciones anglo-argentinas por el tema Malvinas. Sin embargo, desde principios de siglo se intercambiaron las primeras salvas diplomáticas por las islas conocidas por los británicos como "Dependencias" y ubicadas más al sur que las Malvinas, tema sobre el que trataremos en el apéndice a este capítulo.
    Recién a mediados de 1908, durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, se abrió un nuevo ciclo en los intercambios diplomáticos entre ambos países por el archipiélago malvinense. El 21 de julio Su Majestad Británica emitió una Carta Patente Real que formalmente constituyó a las Georgias del Sur, las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur, las Islas Sandwich y el territorio de la Tierra de Graham (San Martín) como dependencias de la Colonia de las Islas Falkland (1). Es curioso que este documento incluyera dentro del área delimitada como posesión de la Corona parte de la Patagonia y sur de Chile. Este grueso "error" que nunca fue explicado, señalaría la existencia de un impulso a expandir aún más las fronteras de su dilatado Imperio colonial de principios de siglo. El texto de las cartas de 1908 proclamaba lo siguiente:

               Westminster, Julio 21 de 1908

Eduardo Séptimo etc. (...)

Considerando que los grupos de las islas conocidas bajo el nombre de South Georgia, South Orkneys, South Shetland, Sandwich Islands, y el territorio conocido bajo el nombre de Graham's Land, situados en el Océano Atlántico del Sud, al sur del paralelo 50 de latitud sur, y ubicados entre los grados 20 y 80 de longitud oeste, son parte de nuestros Dominios, y que es conveniente que se declaren a sus respectivos gobiernos como Dependencias de nuestra Colonia de las Islas Falkland.

1°) Declaramos ahora por la presente desde ya, y después de las publicaciones de esta nuestra Carta Patente en la "Gaceta" de nuestra Colonia de las Islas Falkland, que dichos grupos de islas, conocidas como South Georgia, las South Orkneys, las South Shetland, y las Islas Sandwich y el territorio mencionado de Graham's Land, pasarán a ser Dependencias de nuestra citada Colonia de las Islas Falkland.

2°) Y declaramos además por este medio, que desde y después de tal publicación, como queda dicho, el actual Gobernador y Comandante en Jefe de nuestra Colonia de las Islas Falkland (en adelante denominado el "Gobernador"), será el Gobernador de South Georgia, South Shetland, South Orkneys y las Islas Sandwich y el territorio de Graham's Land (todas las cuales más adelante son llamadas Dependencias); y le otorgamos por la presente todas las facultades de Gobierno y Legislación, en y sobre las Dependencias, que de tiempo en tiempo han sido otorgadas a nuestro Gobernador mencionado, en y sobre nuestra Colonia de las Islas Falkland, (...) (2).

El trazado de las coordenadas establecidas por la Carta permite ver que dentro de sus límites se incluían la totalidad de Tierra del Fuego, parte de Santa Cruz y parte de la provincia chilena de Magallanes. El 28 de marzo de 1917 una nueva Carta Patente rectificó los límites de la anterior. Estos fueron establecidos, ahora, entre las longitudes 20º y 50º Oeste al sur de la latitud 50º Sur, entre las longitudes 50º y 80º al sur de la latitud 58º Sur. La superficie del área asciende en total a tres millones de millas cuadradas, equivalente "al uno y medio por ciento de la superficie total del globo" (3).
    El gobierno argentino tomó conocimiento del contenido de la carta al solicitar al enviado inglés una copia del texto. El 20 de febrero de 1909 éste envió lo solicitado y acompañó la copia del texto oficial publicado en el Falkland Island Gazette con una breve nota en donde calificó a la carta patente como "declaración" (4).
    Respecto de la reacción argentina frente al contenido del documento existen versiones diferentes. Algunas fuentes afirman que la carta fue modificada en 1917 "ante la protesta y el estupor de Argentina y Chile" (5). Sin embargo, Fitte demuestra que no hubo protesta alguna y que la Argentina sólo se limitó a una nota de agradecimiento por el envío de la información (6). Según ese autor, la necesidad de introducir las modificaciones de 1917 en la carta (que "devolvieron" la Patagonia a la Argentina y Magallanes a Chile) se originó (lamentable e inexplicablemente) en los propios funcionarios ingleses y no en las protestas criollas (7).
    Existen abundantes pruebas de que éste fue el caso, y el principal responsable parece ser el canciller argentino Victorino de la Plaza, más tarde presidente, que ocupó el cargo de ministro de relaciones exteriores entre junio de 1908 y agosto de 1909. Por ejemplo, un memorándum del 8 de diciembre de 1927 de J.C.W. Torr, funcionario del Foreign Office, decía que:

Ante la emisión de las patentes, (...) el ministro argentino de Relaciones Exteriores le preguntó a Mr. Russell acerca de los términos de esta declaración de soberanía. Se instruyó a Mr. Russell que le proporcionara una copia de la Gazette en la que las patentes habían sido publicadas. Hizo ello y el gobierno argentino acusó recibo de su nota sin comentarios" (8).

Por cierto, se observa en este período una asombrosa complacencia del gobierno argentino frente a los avances británicos, una complacencia que es raramente advertida por los autores argentinos a pesar de la gravedad del tema, cuando lo que estaba en juego no era ya tan sólo el antiguo y ambiguo litigio de Malvinas, sino buena parte de una Patagonia que en 1908 ya era indiscutiblemente argentina.
    No sorprende pues que esta relativa complacencia haya afectado también al ciertamente más difícil litigio de Malvinas. Entre los autores argentinos se observa una tendencia a atribuir más tesón irredentista a los gobiernos de la época que el que realmente tenían. Según Fitte, por ejemplo, hubo por lo menos una protesta frente a Gran Bretaña cuando la Convención Postal de Roma incluyó a las Malvinas entre las colonias británicas (9). Ferrer Vieyra incurre en el mismo error, aunque como lo demostró Alejandro Corbacho, ello puede ser desmentido por los mismos documentos aportados por Ferrer Vieyra. Sin embargo, ni siquiera esta afirmación (a la que adhieren también otros autores argentinos) puede corroborarse. Por cierto, una búsqueda realizada por el director de la biblioteca de la cancillería argentina en febrero de 1995 arrojó un resultado negativo: el supuesto documento no está en los archivos argentinos (10).
    Por otra parte, el resultado arrojado por esa búsqueda no podía ser otro, ya que un cuidadoso estudio de los documentos existentes demuestra que la supuesta protesta argentina de 1908 no fue ante Gran Bretaña, sino ante Italia (11). Lo que en realidad ocurrió fue que en 1908 el ministro italiano en Buenos Aires informó al gobierno argentino que la Unión Postal de Roma había incluido a las islas Malvinas como británicas, porque éstas se habían adherido a la Convención sobre Cartas Certificadas. Entonces el canciller De la Plaza, al contestar a la nota italiana, protestó formal y solemnemente sobre esa inclusión, y el ministro italiano informó a su gobierno de la respuesta argentina, pero el canciller no protestó ante Gran Bretaña. El ministro británico en Buenos Aires, Walter Townley, se enteró informalmente del episodio y optó por no conversar sobre el tema con el canciller argentino, pero informó a su gobierno que si la cuestión se presentaba él diría que el gobierno de Su Majestad no podía discutir la cuestión, lo que era una línea discursiva coincidente con las instrucciones generales que el ministro tenía del Foreign Office. El gobierno británico aprobó el curso de acción sugerido por Townley y la cuestión terminó allí. Por este motivo la protesta de 1908 no es reconocida como protesta por los ingleses, que en 1928 arguyeron que no recibían protestas argentinas desde 1888 (12).

  1. R. Perl, ed., op. cit., p. 78.
  2. Ernesto J. Fitte, La disputa con la Gran Bretaña por las islas del Atlántico Sur, Buenos Aires, Emecé, 1968, pp. 212-213. Fitte subraya que, extrañamente, la carta patente fue publicada sólo en el periódico oficial del gobierno de las Malvinas (Falkland Island Gazette), editado en Puerto Stanley. No fue divulgado por otros periódicos del Imperio. Ibid., p. 214.
  3. Laurio H. Destefani, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur ante el conflicto con Gran Bretaña, Buenos Aires, Edipress, 1982, p. 104.
  4. E.J. Fitte, op. cit., pp. 215-216.
  5. L.H. Destefani, op. cit., p. 104.
  6. La nota, aparentemente enviada el 18 de marzo de 1909, no fue encontrada en los archivos argentinos y sólo se conoce su existencia por fuentes británicas, pero que no mostraron el documento. E.J. Fitte, op. cit., p. 216. Sin justificar sus afirmaciones, Fitte sostiene que el silencio argentino "le restó vigencia al documento británico, destituyéndolo de toda validez como elemento adquirente de derechos". Es más, "valía igual que negarle autoridad y trascendencia a la autoproclama". Ibid., p. 217. Sin embargo, el lado británico no lo percibió del mismo modo (ver más adelante).
  7. E.J. Fitte, op. cit., p. 218.
  8. F.O. 371/12735; F.O. Paper O.P. 313-27, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 421, énfasis agregado.
  9. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 183.
  10. Búsqueda solicitada por el investigador argentino Alejandro Corbacho.
  11. En la página 183 de su obra de 1993, Ferrer Vieyra atribuye a la Argentina una protesta ante Gran Bretaña en 1908. Sin embargo, el informe Torr, que él mismo transcribe, da cuenta de que el reclamo fue ante Italia, y no frente a Gran Bretaña. Ver Informe Torr, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 425.
  12. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 468; memorándum de John W. Field, FO, 29 de febrero de 1928; informe de Gastón de Bernard del 7 de diciembre de 1910 (jefe del archivo del Foreign Office, que fue el autor del primer informe erudito británico que pone en duda los derechos británicos a las Malvinas).

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El Centenario

Cuentan los observadores que con la llegada del Centenario, que se celebró en un contexto de optimismo, éxito y prosperidad nacional, arreciaron las referencias públicas a los derechos argentinos sobre las islas. Este hecho, sumado a la presión que el país comenzó a ejercer en la Convención Postal, llevó al gobierno inglés a sentir la necesidad de revisar los argumentos sobre sus derechos (1). Como consecuencia de esa percepción, a partir de 1910 distintos miembros del Foreign Office comenzaron a expresar ciertas dudas acerca de los títulos históricos de Gran Bretaña sobre las islas Malvinas. Estos tradicionalmente sostenían que los eventos de 1833 simplemente habían constituido una reafirmación de derechos previos a 1774, sin preocuparse por elaborar mayormente sobre un tema que desestimaban por obvio. Ahora, sin embargo, se percibía la necesidad de refinar esos argumentos, quizá precisamente porque el éxito político y económico de aquella Argentina que celebraba triunfal y rutilantemente su Centenario hacía al país más respetable para el mundo, lo que inevitablemente repercutía en una mayor respetabilidad de sus argumentos históricos y jurídicos respecto de Malvinas. Gustafson resume la nueva percepción británica subrayando que:

Algunos estaban temerosos de que el incidente (de 1833) hubiera sido injustificado, que la conquista, al menos en el siglo veinte, no proveyera título, y que debían enfatizarse otros argumentos en lugar del derecho histórico (2).

De este modo, algunos ingleses comenzaron a pensar que la demanda argentina por la devolución de las islas era más que una aspiración popular (3). La creencia en la existencia de inseguridades o imperfecciones en sus derechos, llevó a otros ingleses a pensar en una nueva estrategia: después de casi 100 años de posesión la ocupación se habría transformado de de facto a de jure, y así un mejor título sería defendido bajo el concepto de prescripción adquisitiva (4). En tanto, las Malvinas alcanzaron en 1911 la máxima población de su historia con 3.278 habitantes. Ello se debió al auge de la industria ballenera. Posteriormente al trasladarse esta industria a Grytviken (Georgias del Sur), el número de habitantes decreció (5).
    En 1909 un nuevo debate surgió en el seno del gobierno inglés, que se profundizó en 1911 y se extendió a ambos gobiernos en 1913. Se trataba de la posibilidad de cesión, por parte de Gran Bretaña, de las Islas Orcadas del Sur a la Argentina. El tema era importante no sólo en sus propios términos (que se analizarán en el apéndice sobre las demás islas en litigio del Atlántico Sur) sino también por sus posibles consecuencias para la disputa de Malvinas.
    Por otra parte, y para complicar aún más la cuestión, hacia fines de 1914 (ya en plena guerra mundial) ocurrió un evento que no sólo se convirtió en motivo de gran orgullo para los habitantes del archipiélago, sino que puso de relieve la importancia estratégico-militar de las Malvinas en esa época de guerras convencionales. El 8 de diciembre se produjo el combate naval de las Falkland. Una escuadra inglesa aniquiló frente a Puerto Stanley a otra alemana que navegaba desde el Pacífico para incursionar en el Atlántico. Los pobladores colaboraron estrechamente con la Royal Navy en la preparación de las defensas contra el inminente ataque alemán. La batalla misma, y las consecuencias de su resultado pusieron de manifiesto una vez más el valor que las islas continuaban teniendo como llave para controlar la ruta hacia el Pacífico por vía del Cabo de Hornos y del Estrecho de Magallanes (6).

  1. El Departamento Americano del Foreign Office solicitó a Gaston de Bernhardt, Assistant Librarian, la preparación de un informe histórico detallado sobre la disputa por las Malvinas. El 7 de diciembre de 1910, éste presentó un memorándum de 49 páginas que es considerado como el punto de referencia inicial del gobierno británico sobre el tema. Peter J. Beck, "The Anglo-Argentine Dispute Over Title to the Falkland Islands: Changing British Perceptions on Sovereignty since 1910", en Millennium: Journal of International Studies, 12 (1), 1983, p. 12.
  2. Lowell S. Gustafson, The Sovereignty Dispute over the Falkland (Malvinas) Islands, New York, Oxford University Press, 1988, p. 32.
  3. Ibid. Los memoriales, cartas y minutas que insinúan la debilidad de los títulos británicos se continuaron a lo largo del período. Hasta 1936 fueron nueve los documentos de circulación interna que presentaban tales dudas. La lista es: 1910, Memos Bernhardt y Spicer; 1911, Memo Campbell; 1927, Memo Torr; 1928, Carta Robertson, Memo Hadow; 1929, Memo Mallet; 1935, Minuta Vyvyan; 1936, Memos Fitzmaurice y Toubreck. L.S. Gustafson, op. cit.; E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit.
  4. L.S. Gustafson, op. cit., p. 32. Según palabras de Anthony Eden, el énfasis se corrió entonces de un criterio pre-1833 a otro post-1833. Ibid., p. 33. Para un análisis completo del debate sobre las percepciones británicas de su derecho sobre las Malvinas durante el siglo veinte ver P.J. Beck, op. cit.
  5. L.H. Destefani, op. cit., p. 105.
  6. Los pormenores de esta importante batalla están bien relatados en Geoffrey Bennett, Naval Battles of the First World War, Londres, Pan Books, 1984, pp. 97-120, y Richard Hough, The Great War at Sea. 1914-1918, Oxford, Oxford University Press, 1986, pp. 99-120. Según el último, "las consecuencias estratégicas para Gran Bretaña fueron profundas y gratificantes. La amenaza de interrupción del tráfico del Atlántico al Pacífico habían sido suprimidas (...)". R. Hough, op. cit., p. 118.

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Una cuestión de filatelia

Desde hacía algún tiempo, una de las dimensiones más importantes de la diplomacia relacionada con el litigio de Malvinas corría por el tema de las controversias generadas por los sellos postales. Este es un indicador de la relativamente baja relevancia que se le asignaba al tema tanto en la Argentina como en Gran Bretaña. Para la primera, especialmente, su relación con la segunda era demasiado importante y provechosa como para permitir que un litigio por islas que difícilmente podían contribuir al progreso argentino condujera al deterioro de unas relaciones que, por el contrario, eran vitales para el mismo. Este es también el motivo por el cual la historia de la dimensión Malvinas de la política exterior argentina es necesariamente una historia muy espaciada, con intervalos de años de inactividad.
    Por cierto, durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear la controversia de Malvinas giró principalmente en torno de un eje filatélico. A partir del año 1922, el gobierno argentino decidió rechazar toda correspondencia desde o hacia las Islas Malvinas, a la vez que obstruía las comunicaciones telefónicas y telegráficas. Como consecuencia, el gobierno de las islas estableció un servicio regular de vapores con Montevideo. Finalmente, cuando los británicos protestaron ante la Argentina por la situación creada, el gobierno argentino respondió que nada tenía que ver con disposiciones tomadas por funcionarios menores de Correos y Telégrafos. Sin embargo, el embajador británico pudo dar con una circular del gobierno argentino donde se instruía precisamente al Correo a no distribuir cartas de o hacia Malvinas. No obstante, el gobierno argentino insistió en que no se trataba de una política oficial, sino de la iniciativa de funcionarios insumisos: se comprometió a investigar el caso, y en marzo de 1928 se restablecieron las comunicaciones con las Malvinas. Recién en julio de aquel año se firmó el decreto que restablecía el servicio a las islas, aclarando que la prestación del servicio de ningún modo podía afectar los derechos soberanos de la Argentina sobre el territorio en disputa (1).
    Mientras tanto, el gobierno argentino reanudaba en 1928 sus presentaciones ante la Unión Postal Universal. El 20 de enero el ministro de relaciones exteriores envió un memorándum al embajador británico sobre la declaración de la Administración Postal Argentina a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, estableciendo que la jurisdicción territorial de la República comprendía las Islas Malvinas, Orcadas del Sur y Georgia del Sur. Más tarde, la Argentina también rechazó la nota del gobierno británico del 17 de diciembre donde se expresaba su sorpresa ante las pretensiones argentinas concernientes a los derechos sobre las islas del Atlántico Sur. Respecto de las Malvinas el memo argentino decía:

cumple a esta Cancillería manifestar que si bien es exacto que desde 1833 esas islas han estado bajo ocupación británica, no lo es menos que desde esa fecha y en diversas oportunidades el Gobierno Argentino ha protestado por dicha ocupación y por el acto originario que la determinó (2).

Respecto de las Islas Orcadas del Sur, la Argentina confirmó la declaración del 15 de diciembre de 1927 (ver apéndice), por la cual la soberanía argentina tiene como fundamento la primera y continua ocupación de las islas (3).
    Por otra parte, es digno de ser consignado que en esta época los británicos frecuentemente expresaron dudas privadas, en su correspondencia oficial, sobre la legitimidad de sus títulos a Malvinas. Por ejemplo, en una carta del 3 de noviembre de 1928, el embajador sir Malcolm Robertson comentaba a sir Ronald Lindsay que:

Con respecto a las islas Falkland, siempre he considerado, desde que leí el memorándum de Bernhardt del Foreign Office de diciembre de 1910, que nuestro reclamo a las islas es en verdad muy débil. En realidad está basado sobre la fuerza y muy poco más. Esta opinión parece haber sido mantenida por sucesivos gobiernos británicos desde los días de Lord Palmerston, porque han realizado esfuerzos para evitar que la verdad sea proclamada. Me doy cuenta que las islas son de un valor estratégico vital para nosotros y que no podemos renunciar a ellas, sin importar lo justa o injusta que pueda ser nuestra posición. Todo lo que quiero es continuar la política de los gobiernos anteriores y permanecer en silencio. No creo que el gobierno argentino presente seriamente la cuestión a menos que los forcemos por resentirnos ante sus periódicas punzadas y sus periódicas reafirmaciones de su reclamo. (...) Mantenemos nuestro reclamo al mantener la ocupación, que es por lejos más fuerte que un número de notas que sólo pueden dar lugar a desagradables controversias y finalmente podrían llevar al gobierno argentino a la sugerencia de que se remita todo el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (4).

Lamentablemente (o quizá, comprensiblemente, por la dependencia argentina respecto de Gran Bretaña) Robertson tenía razón al suponer que la Argentina no iba a llevar su reclamo demasiado lejos. Durante estos años la arena del debate diplomático se trasladó al inocuo campo de la emisión de valores postales. A raíz de ello se produjo el intercambio de notas y protestas. Para conmemorar el centenario de la ocupación de las Malvinas, en 1933 el Royal Mail (correo británico) emitió unas estampillas conmemorativas de las islas. El Correo Argentino reaccionó duramente y decidió, luego de consultar con los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, declarar que "toda correspondencia que llegase al país ostentando tales estampillas, sería considerada como carente de franqueo, y su destinatario pagaría, en consecuencia, la multa establecida por las disposiciones legales vigentes" (5). El historiador norteamericano, Paul Goodwin, analizó el caso con detenimiento. Al respecto, cuenta que un funcionario del Foreign Office informó que el asunto de las estampillas había generado "un considerable e infortunado comentario en Argentina, que considera el hecho como un acto provocativo y que no puede ser ignorado" (6).
    Desde la Oficina Postal General de Gran Bretaña, la respuesta a las acciones argentinas se limitó a una presentación ante la Unión Postal Universal. En ella se sostenía que las Islas Falkland se hallaban bajo administración de ese país y que la acción del gobierno argentino era una ruptura en la convención. Pero públicamente, la actitud del gobierno británico fue la de ignorar las protestas: "es mejor dejar pasar esto sin protestar en ningún ámbito, dado que los casos de no reconocimiento [del franqueo] no parecen ser numerosos" (7). Sin embargo internamente, el asunto tuvo consecuencias intradepartamentales. El Foreign Office se enojó con el Colonial Office y con el gobernador de las islas, dado que, según el primero, el asunto habría podido evitarse si se lo hubiera consultado antes de emitir los sellos. De ahora en adelante, los funcionarios del Foreign Office solicitaron ser informados con anticipación sobre cualquier plan de emisión de estampillas relacionado con las Falkland y, en consecuencia, con la Argentina (8).
    El siguiente round de esta disputa filatélica fue iniciado por la Argentina. En 1936, bajo la presidencia de Agustín P. Justo, la Dirección de Correos emitió sellos postales donde las Islas Malvinas figuraban como parte del territorio nacional (9). Ello puso en movimiento a la administración británica (10). El Colonial Office pidió instrucciones al Foreign Office. Una vez más, el último se mostró renuente a permitir que el hecho trascendiera y que se descontrolara. Por ello, los británicos optaron por no confrontar públicamente con el gobierno argentino y tomaron un curso indirecto, una protesta informal a través de una charla amistosa. Así, miembros de la embajada en Buenos Aires se entrevistaron con el subsecretario de Estado argentino, Ibarra García. El posterior informe de la embajada explicó que Ibarra también deseaba evitar un debate potencialmente dañino y contraproducente sobre la soberanía de las islas. Pese a esto, afirmó que la Argentina nunca abandonaría sus reclamos. Para el gobierno argentino, la dificultad residía en que la "opinión pública era tajante (very strong) respecto del tema de las islas" (11). Sin embargo, el asunto tomó estado público cuando en febrero de 1936, el parlamentario lord Apsley interrogó ante los Comunes al secretario de Estado para asuntos extranjeros sobre qué pasos había dado el gobierno británico para objetar las estampillas que mostraban a las Falkland como "propiedad argentina" (12).
    Para elaborar una respuesta, el Foreign Office solicitó un informe al asesor legal del Ministerio, G. H. Fitzmaurice, quien con fecha 6 de febrero presentó un memorándum que en alguno de sus pasajes sostenía lo siguiente: (13)

Aparte de la convención no hay norma general de derecho internacional que impida que un país emita estampillas de esta naturaleza si considera que tiene un buen reclamo sobre el territorio involucrado...Por supuesto que podemos discutir con el Gobierno argentino por la emisión de las estampillas con el fundamento que no tienen ningún reclamo válido a las Islas Falkland, pero como último recurso el único medio con el que podríamos impedir que emitieran las estampillas si eligen mantener su reclamo, sería ir a arbitraje y obtener una decisión que su reclamo es malo ante la ley. Pero a decir verdad no estamos particularmente ansiosos por ir a arbitraje. Nuestro caso tiene ciertas flaquezas. Pero hemos estado en ocupación efectiva (pese a que los argentinos alegan que ilegítima) por más de un siglo; y por razones estratégicas nunca podríamos abandonar las Islas. Entonces parece (mejor) no tomar la línea dura...Y creo que la política correcta es que permanezcamos firmes en las Islas Falkland y rehusemos discutir el asunto, más allá de intimar de tiempo en tiempo que no admitimos reclamo argentino y lamentamos su continua insistencia en esto... (14)

En forma pública, la respuesta a lord Apsley en los Comunes fue dada por Anthony Eden:

El gobierno de Su Majestad no puede admitir tal reclamo a las Islas, que son territorio británico...pero se ha instruido al Embajador de Su Majestad en Buenos Aires que llame una vez más la atención del Gobierno argentino al hecho de que nada provechoso se puede conseguir con acciones tales como la emisión de la estampilla en cuestión, que sólo puede ser perjudicial para las buenas relaciones entre los dos países (15).

Como consecuencia del discurso parlamentario, la Dirección General de Correos de la Argentina informó en una nota del 22 de abril de 1936 que no estaba en sus planes retirar de circulación las controvertidas estampillas, pues, de hacerlo, podría generar la equivocada creencia de que el país había abandonado sus reclamos por las Malvinas. Al año siguiente, las estampillas fueron reeditadas (16). Dentro del gobierno británico las discusiones sobre la incorporación de mapas de las islas en las estampillas continuaron. Sin embargo, se impuso el criterio del Foreign Office de no agitar el tema para no despertar la reacción argentina (17). No fue sino hasta 1977 que Gran Bretaña volvió a emitir sellos postales con un mapa de las Islas Malvinas.
    El 28 de agosto de 1936, el ministro de relaciones exteriores de Gran Bretaña, Anthony Eden, envió a N. Henderson, embajador en Buenos Aires, una nota confidencial resumiendo los títulos de su país sobre las Islas Malvinas y rechazando el recurso al arbitraje. Según Eden, la reclamación británica estaba fundada :

1) En una posesión de cien años, discutida o no; por ello, se había adquirido título por prescripción;

2) En que en 1811 (cuando los españoles las abandonaron) las Islas estaban deshabitadas;

3) En que las Islas eran res nullius cuando los británicos las ocuparon en 1833; si esto no fuera totalmente correcto, de todos modos la cuestión estaba cubierta por la prescripción del título argentino generada por los cien años de ocupación británica (18).

En la misma nota Eden agregaba reflexiones sobre el hecho de que, de cualquier modo, como la Argentina carecía de fuerza militar para hacer valer sus presuntos derechos, si fracasaba la persuasión que con estos argumentos se buscaba, bajo ninguna circunstancia debía aceptarse un arbitraje. En última instancia, pues, la relación de fuerzas resultaba el factor determinante en una política británica que se debatía en dudas acerca de la legitimidad de sus derechos (19). Por cierto, seguramente el mejor símbolo de la impotencia argentina fue la interminable discusión sobre la correspondencia y los sellos postales: en la práctica no había mucho más que el gobierno argentino pudiera hacer respecto de su reivindicación territorial.
    Como se ha visto, la constante de la política británica respecto de la soberanía de las islas había sido la de buscar el "bajo perfil" y la de negarse a discutir el tema. Recién con la iniciación de la Segunda Guerra Mundial hubo un muy relativo ablandamiento de la rotunda negativa británica a siquiera tratar el tema, que el gobierno argentino intentó capitalizar aprovechando los foros de discusión interamericanos para presentar su denuncia de la ocupación británica. La delegación argentina a la Primera Reunión de Consulta de ministros de relaciones exteriores de los países americanos proclamó que:

dentro de las aguas adyacentes al continente americano, en la extensión territorial de costas correspondientes a la República Argentina en la zona que delimita como libre de todo acto hostil no reconoce la existencia de colonias o posesiones de países europeos, y agrega que especialmente reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y derechos de la República Argentina a islas como las Malvinas, como así a cualquiera otras tierras argentinas que resultaren ubicadas dentro o mas allá de la línea (20).

Esta declaración tenía sentido adicional en el contexto de los esfuerzos norteamericanos por concertar una política unánime de defensa hemisférica, que desde la perspectiva argentina se podía intentar vincular a una demanda de apoyo hemisférico a su reivindicación de Malvinas. Las declaraciones sobre los derechos "inalienables" de la Argentina a las Islas Malvinas fueron repetidas en el marco del sistema interamericano en la Segunda Reunión de Consulta (La Habana, 21-30 de junio de 1940) convocada por el gobierno de los Estados Unidos (21).
    También en ese año de 1940 el Foreign Office elaboró un documento titulado "Proposed offer by His Majesty's Government to reunite Falkland Islands with Argentina and acceptance of lease", que refleja la flexibilización de la posición británica generada por la guerra mundial. Este documento señala las intenciones británicas de aceptar un arrendamiento de las islas, pero lamentablemente no se conocen más detalles del documento (22).
    Al término de la guerra, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, la Cámara de Diputados aprobó el 5 de julio de 1946 por unanimidad una propuesta del diputado Sanmartino a fin de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resolviese la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas (23). A partir de este momento, la disputa por las Malvinas cambió de escenario y se trasladó a los foros internacionales de reciente creación.

  1. Paul B. Goodwin, Jr., "Stamps and Sovereignty in the South Atlantic", en The American Philatelist, enero 1988, p. 42.
  2. E. Ferrer Vieyra, op. cit., pp. 188-189.
  3. J. Arce, op. cit., p. 112.
  4. F.O. 371/12736/136168, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 480-481.
  5. Ricardo Caillet-Bois, Una tierra argentina. Las Islas Malvinas, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1982, pp. 405-406; también J. Arce, op. cit., p. 114.
  6. PRO/FO/371/20597/A2412, minuta de J.M. Troutbeck, 5 de abril 1937, y Review of the River Plate, publicado en Buenos Aires el 17 de marzo de 1933, en P.B. Goodwin, op. cit., p. 42.
  7. P.B. Goodwin, op. cit., p. 42.
  8. PRO/FO/371/18364/A538, Memorándum M. Vyvyan (23-1-1935), P.B. Goodwin, op. cit., p. 42.
  9. J. Arce, op. cit., p. 113.
  10. El relato del hecho sigue a P.B. Goodwin, op. cit., pp. 42-44.
  11. PRO/FO/371/19763/A1527, embajada británica en Buenos Aires al subsecretario de Estado Craigie, 14 de febrero de 1936, en P.B. Goodwin, op. cit., p. 43.
  12. P.B. Goodwin, op. cit., p. 43.
  13. Ver también L. S. Gustafson, op. cit., p. 32.
  14. PRO/FO/371/19763/A1245, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 498-499, énfasis agregado.
  15. F.O. 371/19763/A1140/889/2, ibid., pp. 499-500.
  16. P.B. Goodwin, op. cit., p. 43.
  17. Ibid., pp. 43-44. En palabras del subsecretario J.M. Troutbeck: "siento que es mejor dejar si es posible, [el asunto de los mapas en los sellos] como yacen los perros, dormido - o semi levantado...Si introducimos un mapa, en la Argentina habrá, probablemente, reacciones". PRO/FO/371/20597/A2412, ibid., p. 44.
  18. FO/371/19763/A6461/889/2; ver texto en documentación anexa, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 194.
  19. "(...) no hay otra alternativa práctica que dejar las cosas como están. Es verdad que probablemente surjan incidentes de tiempo en tiempo (...). Al mismo tiempo, tal fricción no puede ser considerada como más que una irritación; y mientras tanto el gobierno de Su Majestad permanece en posesión efectiva, y el gobierno argentino no tiene medios para echarlo ni para forzarlo al arbitraje (...)". FO 371/19763; A 6461/889/2, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 500-501.
  20. R. Caillet-Bois, op. cit., p. 406, énfasis original.
  21. Ibid.
  22. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 194.
  23. Ibid., p. 195.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

Conclusiones

Por otra parte, y como ya se señaló, el argumento británico había evolucionado considerablemente desde la antigua y poco sofisticada reivindicación del título histórico anterior a 1774 (cuando los británicos abandonaron Puerto Egmont), hasta la vuelta de tuerca de que, aunque el título histórico no fuese perfecto, cien años de ocupación ininterrumpida otorgaban derechos.
    Por cierto, en un contexto de cambios de estrategia británicos y considerable complacencia argentina, lo único verdaderamente constante hasta la Segunda Guerra Mundial fue la firme negativa británica de discutir con la Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas. Por lo demás, su explicable rechazo a la oferta argentina de someter el caso a arbitraje (sumado al contenido de varios documentos británicos claves) arroja fuertes sospechas sobre la seguridad del gobierno británico acerca de la validez de sus títulos (1).
    Una pregunta quizás obvia es por qué el gobierno argentino no reclamó las Malvinas con mayor energía y frecuencia durante las últimas décadas del siglo pasado y las tres primeras del actual. Una repuesta convincente es la de los autores Hoffman y Hoffman, que centran su explicación en razones de crecimiento económico:

Es probable que en esa época la gente del gobierno pensara que era mejor no complicar las cosas con firmes demandas para que se le devolvieran las islas, porque con ayuda de Gran Bretaña la Argentina estaba experimentando un crecimiento económico casi inigualado en el mundo. Desde la década de 1860 las inversiones se habían incrementado enormemente. Por consiguiente, en general y hasta la década de 1940, los gobiernos argentinos no eran necesariamente pro-británicos, pero al menos no se opusieron a la abrumadora supremacía inglesa sobre la vida económica del país (2).

 Después de la Segunda Guerra Mundial el poder de Gran Bretaña declinó, el vínculo económico entre la Argentina y el Reino Unido se deterioró, y esta postura argentina cambió. Así, los niveles de confrontación crecieron conforme decrecía la presencia económica británica en el país (3).
    Resta, finalmente, preguntarse acerca del efecto sobre los derechos de la Argentina que pudieron tener los largos períodos de inactividad diplomática en torno del tema Malvinas. Según un analista agudo como Gustafson, el hecho de que la Argentina no haya reclamado durante 1849 y 1884, y entre 1888 y 1908, no debilita sus reclamos porque ésta ya había sostenido en 1849 que la ausencia de futuros reclamos no significaba que el país abandonaba sus reclamos. Además, existe consenso entre los especialistas del derecho internacional acerca de que para que la prescripción de un título prospere deberían pasar no menos de cincuenta años sin reclamo. Según la argumentación argentina, sólo transcurrieron treinta y cinco años, y aunque no se contabilice la protesta a Italia de 1908, el máximo número de años transcurridos sin protesta argentina fue cuarenta. Además, la tesis británica de la prescripción adquisitiva se ve debilitada por el hecho de que la Argentina no firmó tratado alguno que implicara reconocimiento para Gran Bretaña.
    También es preciso recordar que la noción de prescripción adquisitiva se podría aplicar en contra de Gran Bretaña por su falta de reclamos entre 1774 y 1829, período que (al contrario del caso de la Argentina) sí supera los cincuenta años exigidos por el derecho internacional (4). De tal modo, todos los argumentos británicos basados en sus derechos previos a 1774 carecerían de valor, precisamente por el uso británico de la tesis de la prescripción adquisitiva, y (descartada la tesis de res nullius en 1833) sólo les quedaría el derecho de conquista a partir de 1833, sin prescripción adquisitiva, debido a que nunca transcurrieron cincuenta años entre protestas argentina consecutivas, y debido también a la ausencia de un tratado legitimador como aquellos por los cuales España cedió a Gibraltar, Bolivia cedió su litoral marítimo, y Paraguay cedió a Formosa y Candelaria (a la Argentina).
    De cualquier modo, y sea cual fuere la evaluación que cada observador parcial o imparcial haga del conjunto total de antecedentes, lo cierto es que el litigio de Malvinas generó niveles muy bajos de confrontación hasta la fecha que elegimos para dar término a este capítulo, adjudicándole el gobierno argentino una muy baja prioridad en el contexto de sus políticas exteriores, para las cuales la buena relación económica y política con Gran Bretaña era esencial. Contrariamente, el período que se inicia a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial mostrará que, a pesar de una mejor predisposición de Gran Bretaña para negociar, los niveles de conflicto crecerían hasta dispararse en 1982.

  1. L.S. Gustafson, op. cit., p. 33.
  2. Fritz Hoffmann y Olga Hoffmann, Soberanía en disputa. Las Malvinas/Falklands, 1493-1982, Buenos Aires, Instituto de Publicaciones Navales, 1992, pp. 101-102.
  3. A pesar de los roces, ambos gobiernos decidieron adoptar mutuamente como curso de acción políticas amigables en función de la complementariedad de sus economías. P.B. Goodwin, op. cit., p. 45.
  4. L.S. Gustafson, op. cit., pp. 34-35.

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Apéndice: Las (otras) islas del Atlántico Sur en litigio (Falkland Islands Dependencies).

Como sabemos, desde fines del siglo pasado la disputa de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña se extendió a un nuevo grupo de islas conocidas en términos generales por los británicos como las Dependencias de las Islas Malvinas, a la que posteriormente se sumó la pugna por un sector de la Antártida (1). Estas son los grupos Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, y Georgias del Sur. En sendas cartas patentes de 1908 y 1917 los británicos incluyeron dentro de las Dependencias a las Islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, y Orcadas del Sur (2). Al mismo tiempo, la Argentina también reclamó la posesión de las Islas Sandwich del Sur. En un principio, a diferencia de las Malvinas, la competencia por el control de estas islas estuvo relacionado con la expansión de las áreas de pesca ballenera y foquera. Los cazadores se iban trasladando a nuevas áreas a medida que depredaban las conocidas. Consecuente con esta evolución, el 1º de abril de 1917 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino dispuso constituir el expediente de las Islas del Atlántico Sur (Orcadas del Sur, e islas y tierras antárticas).

  1. Para el significado y evolución geográficos del término "Dependencias" en los documentos británicos ver Enrique Ferrer Vieyra, Las Islas Malvinas y el derecho internacional, Buenos Aires, Depalma, 1984, pp. 278-279.
  2. Ver texto arriba.

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Apéndice: Las (otras) islas del Atlántico Sur en litigio (Falkland Islands Dependencies).

Como sabemos, desde fines del siglo pasado la disputa de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña se extendió a un nuevo grupo de islas conocidas en términos generales por los británicos como las Dependencias de las Islas Malvinas, a la que posteriormente se sumó la pugna por un sector de la Antártida (1). Estas son los grupos Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, y Georgias del Sur. En sendas cartas patentes de 1908 y 1917 los británicos incluyeron dentro de las Dependencias a las Islas Georgias del Sur, Shetland del Sur, y Orcadas del Sur (2). Al mismo tiempo, la Argentina también reclamó la posesión de las Islas Sandwich del Sur. En un principio, a diferencia de las Malvinas, la competencia por el control de estas islas estuvo relacionado con la expansión de las áreas de pesca ballenera y foquera. Los cazadores se iban trasladando a nuevas áreas a medida que depredaban las conocidas. Consecuente con esta evolución, el 1º de abril de 1917 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino dispuso constituir el expediente de las Islas del Atlántico Sur (Orcadas del Sur, e islas y tierras antárticas).

  1. Para el significado y evolución geográficos del término "Dependencias" en los documentos británicos ver Enrique Ferrer Vieyra, Las Islas Malvinas y el derecho internacional, Buenos Aires, Depalma, 1984, pp. 278-279.
  2. Ver texto arriba.

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Georgias del Sur

Los historiadores argentinos sostienen que las islas Georgias fueron descubiertas por la nave española León el 28 o 29 de junio de 1756 (1). Sin embargo, los británicos reclaman que un inglés, el capitán James Cook, fue el primero en desembarcar en las islas en 1775 y, posteriormente, ser el primero en descubrir a las Sandwich del Sur en el mismo año (2). En la actualidad, las fuentes de divulgación españolas tienden a coincidir con la versión inglesa y ni siquiera mencionan el supuesto descubrimiento español reivindicado por los argentinos. Según los ingleses, foqueros de muchas nacionalidades habían visitado las Georgias desde su descubrimiento (3), pero no obstante sostienen que el desarrollo principal se llevó a cabo en 1903, cuando el noruego C.A. Larsen fundó la primera compañía moderna en las islas, que legalmente era argentina (4).
    Ese capitán había arribado a las islas en 1893 al mando de dos buques balleneros. Pero recién diez años más tarde Larsen pudo aplicar sus novedosas ideas sobre la explotación de la industria ballenera en el Atlántico Sur (5). Durante 1902 había explorado las Georgias a bordo del Antartic, bautizando una bahía con el nombre de Grytviken (6). En 1904 formó en Buenos Aires la Compañía Argentina de Pesca (CAP) y el 16 de noviembre de ese año estableció una estación ballenera en Grytviken (7). Al respecto, Fitte señala que se trataba de la primera ocupación de las islas (estaban despobladas) y que las tres naves de la CAP llevaban pabellón argentino. Frente a estos hechos no se registraron protestas por parte de ningún Estado. En enero de 1905 el Ministerio de Agricultura argentino autorizó a la CAP a establecer una estación meteorológica en Grytviken que operaría hasta 1943 (8).
    Desconociendo lo que ocurría en la zona con los pesqueros y habiendo sido informados de que algunos buques que faenaban en aquellas aguas habían instalado refugios en la isla de Georgia del Sur, el gobierno británico se planteó la posibilidad de mandar un escuadrón de tres cruceros que saldrían de Halifax en noviembre de 1905 con destino a Malvinas y Georgia del Sur (9). Una carta fechada en agosto de ese mismo año informaba al Foreign Office de la ocupación efectiva de Georgia del Sur por un contingente de unas treinta personas dirigidas por el capitán Larsen y contratadas por la compañía argentina de pesca (10).
    Preocupados los británicos por lo que podía ser el primer paso en la ocupación de las islas por parte argentina, se barajaba la posibilidad de mandar el barco Sapho capitaneado por el comodoro Paget a aquellos territorios. Para ello se pedía a la legación diplomática acreditada en Buenos Aires que averiguara la posición exacta de la compañía de pesca argentina y que comunicara los resultados a la representación en Montevideo, adonde se esperaba que el buque en cuestión llegara el 31 de diciembre. En el informe se señalaba la importancia de izar la bandera británica como símbolo de soberanía y la propuesta de concederle a los argentinos un lease que les permitiría permanecer en los territorios bajo ciertas condiciones. El lease duraría 21 años con una renta pequeña y la obligación de dar un parte anual y de entregar una copia de todas las observaciones meteorológicas (11).
    No obstante, y a tenor de las preocupaciones mostradas en los informes, el gobierno británico temía que el representante de la compañía pesquera argentina hubiese izado la bandera de este país, lo que entorpecía la decisión británica. En el caso de que así hubiese sido se recomendaba no entrar en polémica dado que las islas habían sido dependencia de las Malvinas durante años y sería contradictorio ofrecer un acuerdo al tiempo que se llevaban a cabo actos para reafirmar la soberanía. El hecho de ofrecer un acuerdo a los argentinos sobre la zona y que el ofrecimiento fuera aceptado daba buena cuenta de la legitimidad británica sobre aquellas posesiones (12). De hecho, la compañía argentina de pesca había solicitado del gobierno británico el permiso para mantener un lugar de almacenaje de carbón y de otras cosas en la isla (13).
    Finalmente, el 8 de marzo de 1906 la CAP dócilmente firmó con el gobierno de las Islas Falkland, representado por su gobernador Allardyce, un contrato por el que la compañía arrendaba las islas al gobierno de Su Majestad. El gobierno argentino fue informado una vez que se había firmado el documento, pero no emitió protesta alguna. La justificación dada por la Argentina ante esa ausencia de protesta es que estos hechos coincidieron con la asunción de un nuevo gobierno debido a la muerte del presidente Quintana (14). Fuentes británicas señalan, en cambio, que el gobierno de Su Majestad asumió que el gobierno argentino no cuestionaba los títulos británicos sobre las Georgias del Sur, a pesar de que este gobierno tenía pleno conocimiento del hecho. En efecto, en las negociaciones participó un alto funcionario del gobierno argentino. Durante la tramitación del contrato realizada en Buenos Aires ante el encargado de negocios británico, actuó como representante de la CAP el capitán Nunes, quien era el consejero técnico de la compañía. Pero al mismo tiempo, Nunes, era director de armamentos del Ministerio de Marina (!). Además, ni el buque de la Armada Guardia Nacional, ni la compañía izaron la bandera argentina en la isla; y no se registró protesta alguna ante el permanente flamear de la bandera británica en la isla, o ante el pedido del gobierno de Su Majestad a la CAP para que desistiera de ulteriores operaciones, o ante la concesión del contrato a la Compañía de Exploración de la Georgia del Sur (15).
    Meses más tarde, cuando el 15 de octubre el navío factoría de la CAP, Admiralen, se dirigía a las Georgias, hizo escala en Stanley. Allí el gobernador de las islas informó al capitán de la nave que "todo lo ubicado al sur de Malvinas, acababa de convertirse en posesión británica" (16).
    Por su parte, en 1908 los ingleses enviaron un magistrado a Grytviken para prestar servicios administrativos, y establecieron una oficina postal y un puesto de policía en el punto King Edward, precisamente a 250 metros del observatorio argentino. Por un tiempo ambas banderas convivieron sobre las islas (17). No obstante, la idea de la visita naval británica a la isla se mantendría por unos años y contaría con partidarios y detractores. Entre los últimos, el Almirantazgo era el que más se oponía -por falta de infraestructura- al envío de un escuadrón. Entre los primeros el gobernador de Malvinas (18) era uno de sus más fervientes defensores.

  1. L.H. Destefani, op. cit., p. 111.
  2. R. Perl, ed., op. cit., p. 9.
  3. La isla había sido refugio de barcos de pesca americanos que habían escondido deliberadamente el descubrimiento de carbón para evitar que su trabajo se viese afectado. PRO CO 78/107, carta del gobernador de Malvinas, 13 de octubre de 1898.
  4. Según Fitte, las Georgias "eran tierras vacantes, de propiedad de nadie, por que a nadie se le había ocurrido reclamar potestad sobre un archipiélago inútil". E.J. Fitte, op. cit., p. 76. Sin embargo, Ferrer Vieyra llama la atención sobre la "aspiraciones territoriales" del Reino Unido al señalar que ya en 1895, la Colonial Office List (publicación oficial) había agregado a las Georgias del Sur como una dependencia de las Islas Malvinas. E. Ferrer Vieyra, 1984, op. cit., p. 279.
  5. E.J. Fitte, op. cit., p. 77.
  6. Grytviken significa en noruego Bahía de las Ollas. Esto se debió a haber hallado en sus márgenes grandes marmitas para obtener aceite abandonadas por expediciones anteriores. E.J. Fitte, op. cit., p. 78.
  7. Ibid., pp. 80-82.
  8. Ibid., p. 91; PRO CO 78/107, recorte del periódico Standard, 14 de agosto de 1905.
  9. PRO CO 78/107, carta dirigida al FO, 25 de agosto de 1905.
  10. Ibid., carta enviada al FO, 7 de septiembre de 1905.
  11. Ibid.
  12. PRO CO 78/107, carta del FO al subsecretario de Estado, 14 de noviembre de 1905; PRO CO 78/108, despacho del FO, 6 de diciembre de 1905.
  13. PRO CO 78/107, carta del FO, 30 de noviembre de 1905.
  14. Ver el texto del contrato en E.J. Fitte, op. cit., pp. 103-110.
  15. Memorándum del Foreign Office, por John W. Field, 29 de febrero de 1928, citado por E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 477-478. El documento también observa que "hasta marzo de 1905 el Gobierno argentino no consideraba a la isla como territorio argentino". Ibid., p. 478. La Compañía de Exploración de la Georgia del Sur, de Punta Arenas, también firmaba en marzo de 1906 un acuerdo con el gobierno británico, el cual le concedía ciertos derechos sobre los minerales y los pastos de la isla. PRO CO 78/110, Blue Book of the Falkland Islands, 1906.
  16. E.J. Fitte, op. cit., p. 86. Narración basada en fuentes noruegas.
  17. R. Perl, ed., op. cit., p. 9; E.J. Fitte, op. cit., p. 119.
  18. PRO CO 78/124, despacho del Almirantazgo, 21 de agosto de 1912.

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Shetland del Sur

Gran Bretaña reclama descubrimiento, desembarco y posesión simbólica de las islas Shetland del Sur, realizado por William Smith, súbdito de esa Corona, el 18 de febrero de 1819. Luego, sucesivas tomas de posesión en nombre del Rey Jorge III fueron realizadas en las restantes islas del grupo hasta el 16 de enero de 1820 (1).
    En 1892 la compañía Linck & Co. solicitó permisos de pesca al gobierno argentino para faenar en aguas, islas y roquedos argentinos situados entre los 40 y los 65 grados de latitud sur, prometiendo comenzar el trabajo seis meses después de la firma de la concesión e instalar la factoría en las Shetland del Sur. En su "exposición de motivos" la compañía declaraba su intención de faenar en las Shetland del Sur, en las Orcadas del Sur, en Graham y en las islas Sandwich, considerando a todo el grupo como "tierra de nadie", toda vez que ningún país había llevado a cabo actos de soberanía en esa zona próxima a territorios argentinos.
    En 1893 el Almirantazgo británico había sugerido la posibilidad de enviar un buque de guerra a la zona y advertía sobre la necesidad de evitar cualquier maniobra argentina que le permitiese al gobierno reabrir la cuestión de la soberanía en Malvinas. De hecho la diplomacia británica tenía constancia de que ningún gobierno se había mostrado interesado en este grupo de islas (2) hasta que en 1901 el ministro británico en Buenos Aires informó que tenía conocimiento de que un barco de guerra había sido enviado a las Shetland con el objeto de izar la bandera argentina. En noviembre de 1903 el Almirantazgo británico reconocía el poco interés de las islas, y el Board of Trade señalaba que los barcos del Reino Unido no hacían uso de esas tierras y que tan sólo algunas naves de Nueva Zelanda, Tasmania y Canadá habían recalado en ocasiones en sus costas (3). Posteriormente, en varias ocasiones, el gobierno británico envió magistrados a estas islas y mantuvo una oficina postal en Puerto Foster, isla Decepción, entre 1912 y 1930 (4).

  1. R. Perl, ed., op. cit., p. 10.
  2. PRO FO 118/225, memorándum 30 de enero de 1893, y carta del Almirantazgo del 5 de abril de 1893.
  3. PRO FO 371/598, memorándum Claims of South States to Antarctica, 13 de abril de 1909.
  4. R. Perl, ed., op. cit., p. 9.

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Sandwich del Sur

Sobre estas islas, el historiador argentino Fitte afirma que el:

historial de las islas Sandwich del Sur es el menos voluminoso de los grupos de islas, el que menos apasiona, y es también en cuanto a la disputa por su tenencia, el que menos encono despierta. La razón estriba en el aspecto agreste y hostil de sus costas, y en la composición de sus tierras volcánicas [prácticamente] inaccesibles, lo cual les quita toda posibilidad de poder acoger una población permanente (1).

El nombre del archipiélago se debe al capitán James Cook, que las bautizó así en honor al primer lord del Almirantazgo, John Montagu, cuarto conde de Sandwich (1748-1751). A fines de enero de 1775, luego de haber visitado las Georgias, el capitán descubrió parte del grupo de islas. En 1820 una expedición rusa descubrió y bautizó a otras cinco de las islas. Durante el siglo XIX las islas fueron visitadas por buques foqueros de distintas nacionalidades (2). Finalmente, en 1908 C. A. Larsen las recorrió buscando expandir su esfera de actividad (3).

  1. E.J. Fitte, op. cit., p. 129.
  2. L.H. Destefani, op. cit., pp. 122-123.
  3. E.J. Fitte, op. cit., p. 136.

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Orcadas del Sur

El descubrimiento y posesión simbólica de las Orcadas del Sur se atribuye al capitán lobero George Powell el 7 de diciembre de 1821 (1). Sin embargo, desde los inicios del siglo XX este grupo de islas fue el centro de largos intercambios diplomáticos entre Gran Bretaña y Argentina. Al contrario de las Malvinas, en este caso la Argentina aparecía en posesión de las islas y Gran Bretaña reclamaba por derechos que, según argumentaba, la ocupación argentina vulneraba.
    Todo comenzó el 2 de noviembre de 1902, cuando la nave acondicionada para exploración científica Scotia partió del estuario del Clyde (Escocia), transportando una misión científica a cargo del doctor escocés William S. Bruce (2). La misión había sido solventada principalmente con fondos privados y de algunos organismos públicos de su país. La expedición arribó en febrero de 1903 a las Orcadas. El día 25, al comprobar la existencia de algunos problemas mecánicos en el buque, los integrantes de la expedición decidieron invernar en la isla Laurie, perteneciente al grupo. De inmediato comenzaron la construcción de una precaria estación de observación científica. Pasado el invierno, hacia fines de 1903, Bruce viajó a Buenos Aires. Allí, el Scotia debió ser sometido a extensas reparaciones por el daño sufrido durante la campaña invernal por los mares antárticos.
    Bruce estaba vivamente interesado en no permitir que las observaciones antárticas iniciadas por él se suspendieran. Por ello, una vez en Buenos Aires, el científico ofreció a la Oficina Meteorológica Naval Argentina el traspaso de las construcciones y de los instrumentos existentes en Laurie por la suma de 5.000 pesos, con la condición de que el gobierno argentino se comprometiera formalmente a proseguir con la labor iniciada (3). En diciembre de 1903 Bruce informó al ministro británico William Haggard de sus intenciones. El 29 de diciembre Haggard envió una nota al ministro de relaciones exteriores argentino, José Terry, ratificándole los términos de la proposición de Bruce (4).
    Un decreto del presidente Julio Roca del 2 de enero de 1904 oficializó la aceptación de la transferencia del observatorio de la isla Laurie. Fitte enfatiza que "de dicho texto se desprende que la cesión aprobada se entendía hecha para siempre" (5).
    El 14 de febrero el Scotia retornó a Laurie, transportando a tres argentinos, quienes se harían cargo de la estación. El 22 de febrero los argentinos se hicieron cargo oficialmente de las instalaciones. A partir de ese momento, allí se izó la bandera argentina. Poco antes, el 20 de enero un miembro del grupo argentino, Hugo A. Acuña, había sido designado encargado de la Estafeta Postal Orcadas del Sur (6).
    En el informe de sir John W. Field (Foreign Office) del 29 de febrero de 1928, se reconoce que, ante estos hechos, y depués de haber consultado al Almirantazgo y al Colonial Office, el gobierno británico instruyó a su ministro en Buenos Aires a no dar ningún paso con respecto a este asunto. Esta posición cambió en 1905, cuando el tema resurgió por la compra de un barco de parte del gobierno argentino para mantener comunicación con el observatorio. Entonces el Colonial Office consultó otra vez al Almirantazgo y se enteró de que las islas Orcadas habían sido descubiertas por el capitán Powell el 7 de diciembre de 1821, tomando posesión de ellas en nombre del rey Jorge IV. Como consecuencia, el Colonial Office sugirió que se intimara al gobierno argentino acerca de que las Orcadas del Sur eran territorio británico, y que el gobierno británico reconociera que era por ignorancia de este antecedente que se había permitido la transferencia de 1904. No obstante ello no significaba que las islas hubieran dejado de ser británicas, aunque la Argentina podía usarlas con fines científicos. Ante esta sugerencia, el encargado de negocios británico en Buenos Aires respondió al Colonial Office que ese ministerio "parece no ser consciente de que el gobierno argentino había sido oficialmente invitado, a través de la Misión de Su Majestad, a tomar control del observatorio". La respuesta del Colonial Office a esta reflexión fue eliminada de los registros del Foreign Office, de modo que la censura británica nos impide conocer el subsiguiente desarrollo de una discusión que claramente daba la razón a la posición argentina (7).
    En 1906 el gobierno argentino decidió comunicar a la comunidad internacional el establecimiento de un observatorio permanente en las Orcadas del Sur (8). El 23 de agosto de 1906, el ministro británico Haggard envió una nota al canciller argentino, Manuel Montes de Oca, recordándole que el grupo de islas Orcadas del Sur era británico. En ésta sostenía que la cesión había sido transitoria. Según la interpretación británica, el acuerdo había sido que el personal argentino permanecería en la estación sólo por un año. Contrariamente, del decreto presidencial de Roca se desprende una interpretación diferente porque éste había establecido que la renovación del personal se haría anualmente. Además, Fitte argumenta sin mucho fundamento que "los escoceses nunca tuvieron pensado regresar a esos parajes" (9). El poder ejecutivo juzgó improcedente contestar la nota "por considerarla extemporánea".
    En diciembre de 1906, el gobierno argentino decretó la provisión de salarios de los miembros del equipo instalado en las Orcadas del Sur y en la isla de Booth Wandel -fuera de la jurisdicción del gobierno británico- y aludió al grupo de islas como estaciones en los territorios meridionales argentinos. En este mismo sentido algunos de los miembros argentinos de la expedición anual a las Orcadas habían sido nombrados comisarios (10), a través de un decreto presidencial del 15 de diciembre de 1906 (11)
    El 4 de enero de 1907, el nuevo ministro británico en Buenos Aires, Walter Townley, repitió los conceptos de la nota anterior al también reciente canciller argentino, Estanislao S. Zeballos (12). El ministro británico recibió la respuesta el 8 de enero. En ésta el canciller recurrió a una táctica dilatoria. Dada la poca información que tenía sobre el desarrollo del tema, en el futuro cercano estaría en condiciones de darle una "franca y cordial respuesta". Zeballos nunca la envió (13). Un par de años después, el 18 de marzo de 1909, el canciller De la Plaza cometió un grueso error al enviar una nota al gobierno británico donde aprobaba la gestión británica en todas las "dependencias" de las Islas Malvinas (14), aceptando la inclusión de las Orcadas en las Dependencias sin comentarios, por lo que fue duramente criticado por la prensa argentina (15). Esta fue la misma nota en la que, sin comentarios, el canciller acusaba recibo de las cartas patentes que extendían la jurisdicción de dichas "dependencias" a la Patagonia y la provincia chilena de Magallanes, mencionada en el texto central de este capítulo (16).
    En mayo de 1909 el representante británico comunicó la visita de un barco argentino a las Orcadas en relación con el mantenimiento del observatorio, por lo que se sugería la conveniencia de que algún barco británico visitase la zona y reafirmase la soberanía. La sugerencia, que generó abundante correspondencia, parecía impracticable por lo inexplorado de la zona y los peligros que podía acarrear semejante aventura. En 1910 el problema de la soberanía en las Orcadas fue objeto de una campaña en la prensa, en la que, no obstante, no se vituperaba a Gran Bretaña (17). Según los representantes británicos no existían argumentos para los reclamos argentinos. Ningún barco argentino, ni con anterioridad español, había llegado a la zona de las Orcadas del Sur. Ni siquiera el reclamo podía fundamentarse en el tratado de Tordesillas y en la línea que dividía los territorios españoles de los portugueses. En tal caso, y si se aplicaba esa consideración, las Orcadas pertenecerían a Portugal y no a España, por lo que se concluía que el reclamo argentino carecía de fundamento (18).
    El informe anual del consulado de la República Argentina correspondiente a 1908 señalaba la cordialidad que había presidido las relaciones con Gran Bretaña a pesar de que el asunto de las Islas Malvinas estuviera paralizado "excepto en cuanto a que un alto funcionario me ha afirmado su convicción de que el Gobierno de Su Majestad tiene por objeto ceder esas islas a la Argentina en ocasión de las celebraciones del centenario del año próximo" (19). El despacho también se refería a las islas Orcadas del Sur y a los proyectos de cesión de las mismas al gobierno argentino, lo que generó toda una suerte de discusiones y visiones encontradas entre los representantes diplomáticos y el gobierno británico.
    En realidad para Gran Bretaña las Orcadas no tenían gran valor, como no fuera comercial -ligado a los derechos de pesca- y meteorológico. Siendo un territorio vasto e inexplorado, los británicos tenían muchos problemas para controlar y regular los derechos pesqueros. No obstante, algunos funcionarios del gobierno pensaban que no era una buena idea la cesión con vistas al centenario de la independencia de la Argentina, porque ello podría sentar precedentes poco aconsejables (20).
    En 1911 la discusión sobre la conveniencia para los británicos de ceder a la Argentina la soberanía de las Islas Orcadas continuaba entre el Foreign Office y el Colonial Office (21). Esta discusión generó un intercambio muy significativo de comunicaciones internas británicas. Primero deben mencionarse los despachos de la legación británica en Buenos Aires a sus superiores. En una nota a Edward Grey del Foreign Office, fechada el 10 de julio, Claude Russell sostenía una postura favorable al reconocimiento de los derechos argentinos:

Lo que se debe tener en cuenta es que Argentina ha mantenido el observatorio por ocho años a cargo de los gastos públicos. La bandera argentina flamea en ella, y la isla es visitada en intervalos regulares por una embarcación del Gobierno (...). En estas circunstancias, me parece que se está creando una situación en la que será extremadamente difícil disputar los reclamos argentinos a las islas (...). Me inclino a creer que si el Gobierno de S.M. en algún momento afirma activamente los reclamos británicos a las Orcadas del Sur se encontrará con una invitación al arbitraje, cuyo rechazo sólo servirá para incitar la mala voluntad del Gobierno y pueblo argentino. No puedo pensar que sea sabio recurrir a un procedimiento que motivará desavenencia, mientras ello pueda ser hecho como un acto amistoso y espontáneo. Me aventuro a esperar que la sugerencia de Mr. Townley que las islas sean cedidas en razón de los servicios a la ciencia prestado por el mantenimiento del observatorio no sea perdida de vista (...) (22).

En un despacho posterior, Russell afirmaba que la adquisición de las islas por cesión obligaría a la Argentina a reconocer los derechos británicos en otras islas menos disputadas, y además la posición e influencia británica se verían acrecentadas si la decisión saliera del representante de Su Majestad (23). Poco después, el ministro Townley sería de la misma opinión que Russell y se propondría para visitar las Malvinas y las Orcadas a bordo del barco de Su Majestad Glasgow, viaje que no llegaría a hacer por la negativa del Foreign Office (24).
    Finalmente, otra nota de Reginald Tower, fechada en Buenos Aires el 25 de septiembre y dirigida al Foreign Office, manifestaba también una opinión favorable a la cesión de las Orcadas, siempre que hubiese un quid pro quo:

Personalmente opino que la cesión al Gobierno argentino sería conveniente, pero estaría a favor de exigir un quid pro quo, a fin de evitar una declaración de las autoridades argentinas que el Gobierno de Su Majestad ha cedido por la fuerza a abandonar sus reclamos a las islas en cuestión. Me parece que el quid podría estar basado en un lote de terreno para una futura legación en Buenos Aires (...) (25).

 Dentro de esta discusión interna británica, la postura opuesta estuvo representada por el gobernador de Malvinas, Allardyce, enfrentado en este tema con los miembros de la legación británica en Buenos Aires, para quien la cesión era una idea descabellada que iba a repercutir de forma negativa en los ingresos de los balleneros malvinenses y que iba a restar fuerza a la soberanía inglesa sobre otras islas (26). En el mismo sentido se expresaba la nota perteneciente a C.P. Lucas, del Colonial Office, y dirigida al Foreign Office, con fecha 15 de septiembre, refutando la cesión de las Orcadas dado que ello reforzaría los títulos argentinos a las Malvinas. La nota se refería también a un posible tratado entre los dos países y a la inclusión de la cláusula de arbitraje:

Él [Secretario Harcourt, del Colonial Office] teme que una oferta para ceder las Orcadas del Sur en el estado actual sería interpretada por el Gobierno argentino como una indicación que el Gobierno de Su Majestad tiene dudas acerca de la fuerza de su posición en las islas Falkland; y si el tratado fuera concluido y el arbitraje resuelto, el hecho que la oferta haya sido realizada sería considerado, con toda seguridad, como una peligrosa admisión, de la que el Gobierno argentino haría total uso (...) (27)

En realidad, la idea de ceder la soberanía a cambio de un espacio para la embajada incluía también el mantenimiento de algunas prebendas: los derechos de pesca seguirían en poder británico; la Argentina debía comprometerse a asistir a la conferencia sobre pesca de ballenas y adherir a sus recomendaciones; los súbditos británicos tendrían los mismos derechos que los argentinos a la hora de pescar focas y ballenas, y, en los casos de renovación de licencias, se daría preferencia a aquellos cuyos permisos expirasen en la fecha de la transferencia; por último, se estipulaba que la cesión se llevaría a cabo mediante un tratado que debería ser ratificado (28).
    El gobierno británico no dejó de mostrar preocupación por las repercusiones, por los efectos no deseados de la cesión de un grupo de islas de poca importancia para sus intereses inmediatos. Así, se mencionaba el perjuicio que ello podía ocasionar en los títulos británicos sobre Malvinas y las consecuencias no previsibles de la introducción de un poder extranjero en la zona; la pérdida de 500 libras en licencias de pesca y la posibilidad de ampliarlas en el futuro; el daño que se podría hacer a la política de protección de las ballenas, toda vez que la Argentina podría conceder tantas licencias como quisiera; los efectos de una opinión pública que estaría en contra de una cesión sin contrapartida, y la idea de intercambiar las islas por un terreno en Buenos Aires no parecía que fuese a calmar el malestar; en resumen, se señalaba que la ganancia del proyecto era poca y que el quid pro quo debía ser la buena voluntad argentina -casi una cuestión de fe- respecto de la soberanía británica en otras islas pero que éste no era un argumento de peso. Además, si como señalaban los argentinos su único objetivo en la zona era el mantenimiento de una base meteorológica, ésta podía seguir funcionando en territorio británico sin que ello supusiese problema alguno (29).
    No obstante, a pesar de las objeciones, el proyecto de cesión se pondría en marcha. Para los ingleses la fórmula más apropiada para llevar a cabo la cesión de las Orcadas era la firma de un tratado que debía ser ratificado por el Parlamento, mientras que los argentinos eran más partidarios de un intercambio de notas (30). Ernesto Bosch, a la sazón ministro de relaciones exteriores argentino, en conversación con el representante británico Reginald Tower, pretendió restar importancia al asunto, al señalar respecto de las Orcadas que "era perfectamente consciente de que la soberanía de las islas Orcadas del Sur no tenía valor: era meramente una cuestión sentimental respecto de la nación argentina..." (31)
    El 5 de junio de 1913, el ministro británico Tower comunicó en un memorándum al canciller Bosch que lord Grey lo había autorizado a proponerle que su país estaría dispuesto a renunciar a la soberanía sobre las islas Orcadas del Sur, a cambio de recibir como compensación un terreno apropiado en la Capital para construir el edificio de una nueva legación y la aceptación de que se mantendrían los intereses pesqueros de los súbditos británicos (32). El gobierno argentino en principio aceptó dialogar.
    Pero en agosto de 1913, cuando se hizo patente una crisis ministerial, el propio Bosch le respondió al representante británico que el gobierno no estaba en condiciones de atender las demandas británicas porque tenía "otras cosas en que pensar" (33). Pasada la crisis se volvió sobre el asunto y ciertos tecnicismos -se discutiría sobre la conveniencia de incorporar el concepto de "sujetos" en lugar de "personas" en la cesión- ocuparían a los representantes de ambos países. Había ciertas diferencias respecto de las condiciones de la cesión: el gobierno argentino estaba dispuesto a respetar los derechos de pesca siempre y cuando los británicos se sometiesen a la legislación argentina; problemas entre la cláusula de nación más favorecida propuesta por los argentinos y la de igualdad de derechos para la pesca presentada por los ingleses, por citar algunos (34).
    Los británicos señalaban la necesidad de incorporar la siguiente frase en el preámbulo del acuerdo propuesto por la Argentina: "en orden a erradicar cualquier eventual motivo de diferencias en sus posesiones en los mares del sur" (35), así como incluir la existencia de un observatorio meteorológico siempre y cuando figurase que su instalación se había efectuado por invitación de Su Majestad (36). Con ello parecían cumplir con el cometido propuesto, cual era el de ceder las islas a cambio de que la Argentina respetase sus derechos en aquellas posesiones consideradas más importantes.
    Pero el principal obstáculo para llegar a un acuerdo residió en que ambas partes invocaron derechos de dominio superiores sobre el territorio a transferir. Como consecuencia de ello, las conversaciones se estancaron, pues la Argentina pretendía que fueran reconocidos sus reclamos previos a estas islas, mientras que Gran Bretaña se negaba a hacerlo. Vale la pena recorrer el intercambio de notas. El 3 de septiembre el ministro Tower presentó al gobierno argentino el borrador de un posible convenio sobre el tema. Los artículos principales sostenían:

1. Bajo reserva de las ratificaciones del Parlamento británico, la soberanía sobre las islas Orcadas del Sur es cedida por Su Majestad Británica a la República Argentina.

2. La República Argentina se compromete a que los súbditos británicos conservarán su actual derecho de pesca en las aguas territoriales de las islas Orcadas del Sur (...)

3. La República Argentina se compromete a seguir concediendo a los súbditos británicos el derecho de cazar ballenas y focas, en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

4. La República Argentina cede a Su Majestad Británica un solar apropiado para la casa de la Legación en Buenos Aires (37).

Al respecto, Fitte sostiene que el artículo primero era inadecuado porque suponía que la Argentina confesaba de ese modo que "la posesión de la isla Laurie era el producto de una vulgar usurpación" (38).
    El 26 de septiembre Bosch envió una contrapropuesta que, sin modificar el espíritu de entendimiento, buscaba eliminar las frases ríspidas para su país. En el encabezamiento afirmaba que la Argentina y Gran Bretaña:

han resuelto un cambio de cortesías y decidido concluir una Convención para hacer desaparecer todo motivo eventual de discrepancia en sus respectivos dominios de los Mares del Sur (...) (39).

La sección dispositiva se presentaba así:

I.a) Bajo reserva de la ratificación del Parlamento Británico, y en las condiciones que se consignan en los artículos a continuación, Su Majestad Británica da por incorporadas al dominio argentino las Islas Orcadas del Sur, donde desde el año 1904 se encuentra establecido el Observatorio Meteorológico Argentino (...)

II. Como testimonio perdurable de los sentimientos y propósitos que inspiran el presente convenio, el Gobierno de la República Argentina ofrece, y el de Su Majestad Británica acepta, un solar en la capital de la República Argentina para sede de la Legación Británica (40).

 Sin duda este borrador mejoraba para la Argentina la proposición británica dado que "soslayaba la controvertida cuestión del dominio de las islas", y el segundo artículo sonaba más suave eliminando todo aspecto de trueque o enajenación simulada al intercambio. Finalmente, el día 10 de enero de 1914 Tower remitió a Bosch las correcciones finales introducidas por su gobierno. En éstas, los británicos insistieron en mantener en su forma original el artículo 1º del memorándum del 3 de septiembre del año anterior (41).
    El gobierno argentino no dio respuesta al oficio. En marzo de 1914, los cambios en este gobierno -Victorino de la Plaza nombrado presidente en funciones y José Luis Murature ministro de relaciones exteriores- retrasarían sine die la propuesta de cesión. El nuevo ministro le hacía saber entonces al ministro británico que la posibilidad de cederles un terreno era remota ante la crisis económica por la que atravesaba el país y decidían conjuntamente cerrar el asunto (42).
    Recién en 1925 se reanudaron los intercambios entre ambos países con motivo de las Orcadas. La Argentina comenzó la construcción de una estación de radio en la isla Laurie y solicitó a la Oficina Internacional de Telégrafos una señal de llamada (43). El 24 de julio la embajada británica en Buenos Aires protestó ante el gobierno argentino respecto de la instalación de la estación. El canciller Angel Gallardo le respondió el 30 de noviembre que no podía aceptar ninguna reserva sobre el tema ya que el gobierno argentino se hallaba limitado, dentro de su territorio, sólo por los reglamentos internacionales aceptados por el país (44).
    En los años de 1926 y 1927, Gran Bretaña reiteró las protestas por la señal de llamada argentina de la isla Laurie e insistió en que poseía la soberanía sobre las Orcadas del Sur (45). A pesar de ello, la estación argentina comenzó a operar el 14 de septiembre de 1927 (46). El 15 de diciembre de ese año, ante otra protesta británica por la estación de radio, el gobierno argentino le recordó al embajador inglés los términos de la comunicación de 1925 (47). También en 1927 la Argentina intentó reabrir las negociaciones para una eventual propuesta de cesión formal de las Orcadas para 1931, pero no tuvo éxito (48). Al mismo tiempo, la Argentina solicitó a la Unión Postal de Berna que notificara a sus oficinas que la jurisdicción argentina, tanto de facto como de jure, incluía el área continental, las aguas territoriales, y las islas del Atlántico Sur (de los Estados, del Año Nuevo, Georgias del Sur y Orcadas del Sur) así como las tierras polares cuyos límites aún no se habían definido. Se precisaba que las Malvinas estaban incluidas por derecho bajo su jurisdicción, pero que, a diferencia de las tierras antedichas, los ingleses las ocupaban de hecho (49). Al año siguiente, el 20 de enero de 1928, la Argentina respondió a la protesta británica de 1927, arguyendo que su soberanía de las Orcadas del Sur estaba basada en que "la primera ocupación fue constantemente mantenida" (50).
    No obstante, las dudas íntimas de los británicos respecto de la legitimidad de sus pretensiones a las Orcadas eran muy serias. Ejemplo de ello es la carta del embajador Malcolm Robertson a Ronald Lindsay, donde se expresaban primero las dudas ya citadas respecto de la legitimidad del título británico a las Malvinas. Respecto de las Orcadas, Robertson era aún más escéptico:

Nuestra posición en las Orcadas del Sur es, según creo, más débil aún. Pero allí los argentinos están en ocupación y una bandera argentina ha estado flameando sobre las islas durante los últimos veiticuatro años. ¿Estamos preparados para arriarla? Si no es así, permanezcamos callados y continuemos emitiendo licencias para la caza de ballenas que parece ser un oficio lucrativo para el gobierno de las islas Falkland. Ya que el gobierno argentino no ha presentado objeción alguna a nuestra emisión de esas licencias, ¿porqué diablos debemos provocar un desastre al (1) llamar la atención sobre el hecho de que emitimos licencias, y (2) al insistir en que ellos deben pedir una licencia radiotelefónica para la estación metereológica, cuando lo más probable es que de ningún modo estén de acuerdo? (...) No pienso ni por un momento que Ud. encuentre que aun con los méritos del caso nuestra posición es tan fuerte que podamos afrontar un alboroto (51).

De este modo, el eje de Malvinas y demás islas del Atlántico sur en las relaciones anglo-argentinas se desenvolvía según las previsiones de la más cruda escuela "realista" de relaciones internacionales. Los británicos entendían que no tenían razón, decían tenerla, no cedían un ápice, y hacían los negocios más provechosos posibles. A su vez, la Argentina estaba impedida de avanzar porque económicamente dependía de Gran Bretaña y militarmente era incomparablemente más débil. Clara muestra de la conciencia de esta asimetría es el cínico memorándum Fitzmaurice del 6 de febrero de 1936 ya visto.

  1. R. Perl, ed., op. cit., p. 10.
  2. E.J. Fitte, op. cit., pp. 163-164.
  3. Ibid., p. 168.
  4. Ibid., pp. 169-171.
  5. Ibid., p. 171. El texto fue publicado en el Boletín Oficial con fecha 5 de enero de 1904, Nº 14396:
  6. Buenos Aires, Enero 2 de 1903 [sic]
    1. En vista de la Nota del Jefe de la Oficina Meteorológica y de los demás antecedentes y documentos relativos al establecimiento de nuevas estaciones meteorológicas y magnéticas en los Mares del Sur de la República, y
  7. Considerando:
    1. Que es de alta conveniencia científica, y práctica extender á dichas regiones las observaciones que se hacen en el Observatorio de la Isla de Año Nuevo [Laurie] y en el Sur de la República,
    2. El Presidente de la Nación Decreta:
    3. Art.1 Autorizase al Jefe de la Oficina Meteorológica Argentina para recibir la instalación ofrecida por el Señor Williams S. Bruce, en las Is. Orcadas del Sur y establecer un observatorio meteorológico y magnético en las mismas (...)
  8. En el artículo 2 decreta que el personal del observatorio pertenecerá a la Dirección Meteorológica Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura; el artículo 3 indica que el personal será relevado anualmente por buques de la Armada; finalmente, los artículos 4 y 5 tratan el tema del presupuesto (Ministerio de Agricultura) y de forma, respectivamente.
  9. E.J. Fitte, op. cit., p. 176; PRO FO 371/598, memo "Claims of South States to Antarctica, 13 de abril de 1909.
  10. FO/371/12735/A2070/128/2, Memorándum Field ya citado, en E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 478-479.
  11. PRO FO 371/194, despacho del representante británico al FO, diciembre de 1906.
  12. E.J. Fitte, op. cit., pp. 181-182. Según la óptica británica, el hecho de que ondeara la bandera argentina en el observatorio -suceso que para los argentinos era una prueba de su reclamo- y que los británicos no se hubieran opuesto a ello reforzaba la posición de Gran Bretaña, que en ningún momento había contemplado la posibilidad de litigio sobre la zona. PRO FO 371/194, despacho del representante británico al FO, diciembre de 1906.
  13. Según expresaba el ministro británico en su informe, "una especie de mezcla de oficial policial y magistrado policial, uno para cada una de las diferentes islas. Esto parecería para reforzar una declaración tácita de su derecho de jurisdicción". PRO FO 371/194, despacho del representante británico al FO, diciembre de 1906.
  14. PRO CO 78/111, despacho confidencial del FO, 20 de diciembre de 1906.
  15. Texto en E.J. Fitte, op. cit., pp. 183-185.
  16. Ibid., pp. 185-186.
  17. Según el Informe Torr de 1927, en E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 421-422 y 426.
  18. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 412. La carta del ministro C. Russell dice: "Es verdad que el Dr. Plaza en su nota del 18 de marzo de 1909 aceptó su inclusión entre las Dependencias de las Falkland sin comentario, pero su acción al realizar esto ha sido severamente criticada en la prensa; no creo que su sucesor en el cargo se comprometa a eso".
  19. Ver también el memorándum de J.C.W. Torr (Foreign Office) del 8 de diciembre de 1927 (FO/371/12735), donde estos antecedentes son nuevamente estudiados.
  20. PRO CO 78/116, Memorándum South Orkneys, 26 de mayo de 1910.
  21. Ibid.
  22. PRO CO 78/115, informe del FO, 18 de mayo de 1909; PRO FO 371/598, Argentine Republic, Annual Report, 1908.
  23. PRO CO 78/116, despacho del FO, 25 de mayo de 1910.
  24. En general los trabajos de historia diplomática sobre las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las islas se inclinan más por debatir los aspectos jurídicos que por desentrañar los procesos que llevaron a sostener tales o cuales posiciones. Por ejemplo Fitte, quizás el historiador que más ha elaborado sobre el tema de las Dependencias, titula el capítulo sobre las negociaciones por la cesión de las Orcadas "Un minuto de debilidad", sin presentar más explicaciones que "Gran Bretaña volvió a mostrar de golpe otro momento de flaqueza, que aún nos llena de estupor". E.J. Fitte, op. cit., p. 191. Además, no discute el intercambio entre los organismos ingleses de 1911.
  25. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 411-412.
  26. PRO CO 78/120, despacho del representante británico en la Argentina, 29 de agosto de 1911.
  27. PRO FO 371/1295, Argentine Republic, Annual Report, 1911, p. 113.
  28. F.O. 371/1288, en E. Ferrer Vieyra, 1993, p. 415.
  29. PRO CO 78/120, despacho del representante británico en la Argentina, 29 de agosto de 1911.
  30. F.O. 371/1288, en E. Ferrer Vieyra, 1993, pp. 414-415.
  31. PRO CO 78/128, despacho FO, 15 de enero de 1913, y despacho del FO de 22 de febrero de 1913; PRO FO 371/1897, Argentine Republic, Annual Report, 1913.
  32. PRO CO 78/124, despacho FO, 11 de noviembre de 1912.
  33. PRO FO 371/1573, Argentine Republic, Annual Report, 1912; PRO FO 371/1897, Argentine Republic, Annual Report, 1913.
  34. PRO CO 78/128, despacho de Tower, 7 de abril de 1913.
  35. E.J. Fitte, op. cit., pp. 193-195.
  36. PRO CO 78/128, despacho de Tower, 16 de agosto de 1913; que el ministro tenía "other fish to fry", son las palabras que utiliza Tower para transmitir la respuesta de Bosch.
  37. PRO CO 78/128, despachos del FO, 4 de septiembre, 12 y 19 de noviembre, y 10 y 16 de diciembre de 1913.
  38. Ibid., despacho de Tower, 16 de diciembre de 1913.
  39. Ibid., despacho, 16 de diciembre de 1913; PRO CO 78/132, despacho FO, 14 de febrero de 1914.
  40. E.J. Fitte, op. cit., pp. 197-198, énfasis agregado.
  41. Ibid., p. 198.
  42. Ibid., p. 200, énfasis agregado. Posteriormente, los británicos sostendrían que los términos de este borrador del tratado eran una indicación de que la Argentina reconocía los derechos británicos.
  43. Ibid., pp. 200-201, énfasis agregado.
  44. Ibid., pp. 202-203.
  45. PRO CO 78/132, despacho FO, 23 de marzo de 1914. Años más tarde, un memorándum de J.C.W. Torr, con fecha diciembre de 1927, describía el proceso en términos semejantes:
    1. En 1913 se acordó un texto, pero en 1914 un nuevo Gobierno argentino tomó el poder, y de acuerdo a la comunicación de Sir R. Tower Nro. 46 del 20 de marzo de 1914, no deseaba afrontar los gastos que su parte de la oferta le haría contraer (...) Sir M. Robertson afirma que el proyecto no fue aprobado por el Gobierno argentino a causa del uso de la palabra "cesión" para describir la transferencia de las islas a Argentina (...). E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 428-429.
  46. Fitte agrega que este final fue positivo para la Argentina dado el error cometido por los funcionarios argentinos al introducir en la parte declaratoria del borrador la frase "...para hacer desaparecer todo motivo eventual de discrepancia en sus respectivos dominios de los Mares del Sur..." que podría ser, y de hecho lo fue, interpretada como una renuncia a la reivindicación de las Malvinas y restantes islas del Atlántico Sur. E. J. Fitte, op. cit., pp. 204-205.
  47. R. Perl, ed., op. cit., p. 79.
  48. J. Arce, op. cit., p. 111.
  49. R. Perl, ed., op. cit., p. 79. Algunos memorándums británicos de los años 1925 y 1927 alegan que la Argentina nunca presentó un reclamo formal ante el gobierno británico respecto de las Orcadas y las Georgias (ver memorándums de J.C.W. Torr del 8 de diciembre de 1927 sobre las Falkland, Georgias y Orcadas del Sur, y del mismo autor, también de diciembre de 1927, sobre las Orcadas del Sur; en el segundo de estos documentos se cita uno anterior de 1925). Este alegato parece indefendible en tanto existieron conversaciones sobre la posible cesión de las Orcadas a la Argentina, y en tanto la Argentina rechazó el acuerdo de cesión por discrepar respecto del uso del mismo término "cesión", que podría interpretarse como significando que antes habían sido británicas.
  50. E.J. Fitte, op. cit., p. 241.
  51. J. Arce, op. cit., p. 111.
  52. E.J. Fitte, op. cit., pp. 205-207.
  53. J. Arce, op. cit., p. 112; texto J.L. Muñoz Azpiri, op. cit., II, p. 374.
  54. R. Perl, ed., op. cit., p. 80.
  55. FO 371/12736/136168, E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 481.

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Referencias Bibliográficas

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© 2000. Todos los derechos reservados.- Esta documentacion forma parte de la obra titulada "Historia General de las Relaciones Exteriores de la Argentina" (1806 - 1989) Directores: Andrés Cisneros y Carlos Escudé, Texto compuesto por 14 tomos publicada por Iberoamerica de los cuales hemos reproducido solamente los relacionados con el tema Malvinas con autorizacion de sus autores de fecha 09/02/2002 a los cuales agradecemos su colaboracion desinterezada para con nuestro sitio.

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